La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó recientemente que las investigaciones del “huachicol fiscal” iniciaron en marzo, en contraposición a lo que mencionó el fiscal general de la República hace diez días.
El 7 de septiembre, Alejandro Gertz Manero, refiriéndose a una reunión de hace dos años con el secretario de Marina del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, mencionó: “Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos…”. Sin embargo, durante más de un año no parece haberse realizado ninguna indagación.
Se plantea la pregunta de cómo se concilian estas inconsistencias en un fenómeno delictivo tan significativo, conocido desde el sexenio anterior. El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sostiene que en 2019 entregó un informe a López Obrador sobre la magnitud de las operaciones masivas de contrabando de combustibles, las cuales estaban disfrazadas de importaciones legales, y nunca se recibió un desmentido oficial.
Se entiende que Sheinbaum puede estar haciendo referencia a las incautaciones recientes de diésel ilegal, concretamente de ocho y diez millones de litros en Baja California y Tamaulipas. Sin embargo, si se considera que han habido 31 descargas clandestinas en puertos bajo la vigilancia de la Marina, se trata de operaciones de larga data y en gran escala que no podrían haber pasado desapercibidas.
Las declaraciones de funcionarios de la Cuarta Transformación (4T) sugieren que la mafia del huachicol fiscal fue identificada desde que Guacamaya Leaks reveló documentos hackeados al Ejército, en los cuales se informaba que la inteligencia militar había alertado sobre estas redes criminales y la complicidad de diferentes mandos, incluyendo irregularidades dentro de la Secretaría de Marina.
Resulta sorprendente que la Presidenta y el fiscal general tengan versiones diferentes sobre el inicio de las investigaciones, ya que este asunto no debería generar dudas ante la magnitud del delito en cuestión. Las incautaciones y denuncias indican un saqueo al erario que asciende a miles de millones de pesos, con complicidades en aduanas, puertos, empresas distribuidoras y estaciones de servicio, además de la colaboración con la banda Jalisco Nueva Generación para el tráfico de drogas y armas prohibidas.
En un país con instituciones robustas, estas discrepancias llevarían a exigir explicaciones claras. Sin embargo, en el contexto actual de México, el discurso presidencial tiende a prevalecer sobre la realidad, y lo que Gertz reconoció se nos presenta ahora como una investigación que apenas comienza. Los hechos reflejados por García Cabeza de Vaca, lo expuesto por Guacamaya Leaks y las alarmas de Ojeda hacia Gertz, evidencian que el “huachicol fiscal” es un fenómeno del que se tiene conocimiento desde la administración de López Obrador, mientras que se comienza a vislumbrar la voluntad política de limpiar esta situación “hasta donde tope…”.
