Las autoridades de seguridad en México, junto con la Fiscalía General de la República, han llevado a cabo una investigación que ha resultado en la detención de varios miembros de una red criminal vinculada al tráfico de personas. La operación fue ejecutada en diferentes ciudades de Baja California, incluyendo Ensenada, Tijuana, Mexicali y Tecate, así como en el poblado de Piedra Imán en Guerrero.
Según los reportes, esta organización delictiva operaba de forma estructurada, coordinando el cruce ilegal de migrantes hacia Estados Unidos. Se destaca que varios de los detenidos ocupaban roles clave dentro de la red, como coordinadores y supervisores de estas actividades ilícitas.
La investigación ha revelado que la red estaba dirigida por un individuo que, desde al menos 2021, había estado liderando su propia célula enfocada en el tráfico de personas. Sus operaciones abarcaron regiones estratégicas como Tijuana y Piedra Imán, donde establecieron métodos para llevar a cabo sus actividades delictivas.
Los fiscales presentaron evidencia contundente durante la audiencia que llevó a la vinculación de los acusados, lo que resultó en una medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de tres meses. Esta acción se tomó como parte de la estrategia del gobierno para combatir la delincuencia organizada en el país.
Una de las detenidas, identificada como Dalia “N”, tenía a su cargo la coordinación y supervisión del cruce ilegal de migrantes desde Tijuana, donde proporcionaba albergue a las personas que intentaban ingresar a territorio estadounidense. Asimismo, otra detenida, María “N”, era responsable de introducir a los migrantes por rutas marítimas y terrestres desde Ensenada.
Las operaciones de esta red criminal se estima que generaban ingresos significativos cada mes a través de sus actividades ilícitas, donde se calculan pagos que podían ascender a 19 mil dólares por cada cruce realizado. Esto pone de relieve la magnitud del problema del tráfico de personas en la región.
Este caso subraya la importancia de un enfoque coordinado entre diversas agencias gubernamentales, como la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional de Inteligencia y la Policía Federal Ministerial, para desmantelar estructuras delictivas que afectan no solo a México sino también a los países involucrados en el tráfico de migrantes.
