Tijuana BC.- En una reunión en Tijuana, el Consejo Técnico Estatal de los CCE’s de Baja California presentó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila un diagnóstico con propuestas centradas en la seguridad, desarrollo económico y competitividad del estado.

Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana, destacó que la inseguridad es el principal impedimento para la inversión en la región. Propuso el fortalecimiento de las academias de policía para capacitar hasta 1,000 agentes anuales, apuntando a reducir el déficit de personal en las corporaciones policiales.

Se mencionó que, a pesar de que la academia puede recibir a 500 cadetes por semestre, carece de los recursos necesarios para reclutamiento, lo que ha derivado en una falta considerable de policías y custodios en todo Baja California.

Estrategia conjunta

Fritch propuso establecer una estrategia colaborativa entre el gobierno y el sector empresarial con el fin de garantizar financiamiento adecuado y profesionalizar las fuerzas de seguridad. El déficit actual de agentes en Tijuana es de más de 2,200, y más de 7,100 en el estado.

Uno de los acuerdos resultantes de la reunión fue el compromiso de la gobernadora para llevar a cabo reuniones individuales con los presidentes de los CCE municipales, de manera que se pueda dar seguimiento a los planteamientos específicos de cada ciudad.

Respecto a Tijuana, se presentó una percepción de impunidad superior al 80% y un aumento en el cobro de piso, afectando directamente a negocios de comercio, servicios y transporte.

Reportan extorsiones

En Rosarito, se han reportado casos de extorsión por parte de policías estatales y federales, lo cual ha provocado una disminución en la ocupación hotelera y ha dañado la imagen turística del municipio. Además, se destacó la necesidad de regular las zonas federales costeras ante el descontrol urbano y la contaminación.

En Mexicali, se solicitó apoyo para mejorar la infraestructura energética, agilizar los trámites del programa IMMEX, gestionar devoluciones de IVA y mantener incentivos fiscales para el sector agropecuario. En Ensenada y Tecate, las peticiones se centraron en la mejora de la infraestructura vial, transporte de carga, tratamiento de agua y conectividad regional, así como en la instalación de una nueva planta tratadora en la Zona Este de Tecate.

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