Durante la madrugada de este jueves, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California realizó un cateo en la funeraria Latinoamericana, situada en Tijuana, tras la negativa del establecimiento a entregar el cuerpo de un bebé de ocho meses que falleció en el Hospital General, con aparentes indicios de desnutrición y falta de atención médica.
Este caso ha suscitado una gran conmoción en la sociedad y ha planteado interrogantes sobre los protocolos de manejo de cuerpos en Tijuana, especialmente en situaciones de posible negligencia o violencia.
Según información preliminar, el menor llegó al Hospital General de Tijuana en estado crítico y falleció poco después. Los médicos informaron que presentaba signos de desnutrición, lo que llevó a una notificación inmediata al Ministerio Público, siguiendo los protocolos establecidos cuando hay sospechas de maltrato o abandono.
A pesar de que se debía esperar la presencia del personal de la FGE para el procesamiento adecuado, el cuerpo del bebé fue entregado de manera irregular a sus familiares, quienes lo llevaron a la funeraria Latinoamericana.
Al llegar al Hospital General de Tijuana para proceder con el levantamiento, las autoridades se dieron cuenta de que el cadáver del bebé ya no se encontraba en el lugar.
Como respuesta a la negativa del personal de la funeraria Latinoamericana a entregar el cuerpo del menor a las autoridades, la FGE de Baja California solicitó y obtuvo una orden de cateo para recuperar el cadáver.
Durante la diligencia, los agentes de investigación aseguraron el cuerpo del bebé y lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se llevará a cabo la necropsia que permitirá confirmar las causas de su fallecimiento. La FGE ha indicado que se investigará la actuación del Hospital General, ya que la entrega del cuerpo sin el aval del Ministerio Público es una irregularidad que podría acarrear sanciones.
Por otro lado, la Secretaría de Salud de Baja California se comprometió a colaborar en la investigación y revisar los procedimientos internos para determinar si existen responsabilidades por parte del personal médico y administrativo.
En el contexto de este caso, las autoridades han manifestado su preocupación por el aumento de menores fallecidos debido a maltrato o descuido en Baja California, reconociendo que factores como la pobreza y el acceso limitado a servicios de salud contribuyen a que algunos menores estén en condiciones de vulnerabilidad.
La FGE también ha señalado que, tras la realización de la necropsia, se definirán las líneas de investigación pertinentes y no se descarta la posibilidad de acciones legales contra los tutores del menor, así como contra el personal involucrado en el manejo irregular del cuerpo.
