Los refugiados ambientales, también conocidos como migrantes ambientales según la ONU, son aquellas personas obligadas a dejar su hogar, ya sea de forma temporal o permanente, debido a fenómenos climáticos adversos que ponen en riesgo su vida, salud o medios de subsistencia.
Según la Coalición sobre Migración y Clima, el desplazamiento de estas personas se debe principalmente al cambio climático. Sin embargo, también puede ser causado por factores ambientales no directamente relacionados con el cambio climático, como erupciones volcánicas o erosión.
El ACNUR ha señalado que la cantidad de refugiados ambientales a nivel mundial está correlacionada con la crisis climática, lo que resalta la urgencia de atender este problema.
Causas de la migración ambiental
De acuerdo con el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, las causas de la migración ambiental están íntimamente ligadas a los cambios en el entorno natural provocados por el cambio climático.
La migración ambiental no afecta a todos por igual; las comunidades más vulnerables son las que sufren los mayores impactos de fenómenos como sequías, inundaciones y el ascenso del nivel del mar. El Dr. Raúl Gutiérrez Patiño enfatiza que estas causas representan una amenaza directa al bienestar humano y a los derechos humanos de las comunidades más desprotegidas.
Greenpeace aboga por la inclusión de las causas de la migración ambiental en estrategias nacionales, como la actualización de la NDC 3.0, para abordar la problemática desde la prevención y la justicia climática.
¿Quién protege a los refugiados ambientales en México?
México enfrenta un reto creciente por los efectos del cambio climático, que están obligando a comunidades enteras a abandonar sus territorios. Sin embargo, carece de políticas públicas que reconozcan y atiendan adecuadamente a los refugiados ambientales.
Existen marcos legales, como la Ley General de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, pero no abordan de manera efectiva el desplazamiento climático. Esta falta de reconocimiento legal deja a miles de personas en una situación vulnerable.
Ante este contexto, Greenpeace hace un llamado a las autoridades para colaborar en la elaboración de políticas con enfoque en derechos humanos que permitan abordar la problemática desde cuatro ejes: prevención, adaptación, reubicación planificada y seguimiento post reubicación.
