Por orden de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el General Laureano Carrillo, al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCBC), pospuso la implementación del decreto que mandó el retiro de escoltas armados destinados a ciertos empresarios de Baja California.
Según las declaraciones del General Carrillo, en Baja California, únicamente la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) tiene 120 agentes asignados como escoltas; de estos, 38 están con políticos o funcionarios públicos, 43 agentes brindan seguridad a empresarios que abonan 52 mil pesos—sin especificar frecuencia—por sus servicios, y el resto son ciudadanos bajo medidas cautelares. En Tijuana, cerca de 69 elementos de la policía municipal estaban dedicados a la seguridad empresarial, según el Ayuntamiento.
Las autoridades aún no han revelado cuántos agentes municipales adicionales serán relevados en Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito. En una conferencia de prensa el 2 de julio, el General Carrillo fue consultado sobre la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos publicada el 29 de enero de 2025, que prohíbe el uso de “armamento y municiones de licencia oficial colectiva” por cuerpos de seguridad en actividades privadas.
El secretario estatal afirmó que “debemos hacerlo de inmediato, no hay más plazos, no podemos violar la ley y debemos ajustarnos a ella”, sin embargo, casi un mes después, en la conferencia del 30 de julio, comunicó que los elementos de la FESC asignados a empresarios serían retirados a partir del 1 de agosto.
Antes de esta decisión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, bajo la dirección de José Alejandro Avilés Amezcua, finalizó el proceso de desarme de los escoltas asignados a empresarios a finales de junio pasado. Personal de la Secretaría explicó a los afectados la obligatoriedad de aplicar la reforma, ofreciéndoles la opción de conservar a los policías, pero sin armas, o permitir su regreso a la policía, sin problemas económicos ya que no existían pagos anticipados de contratos.
Debido a la inseguridad, robos, asaltos y otros delitos, los empresarios se dirigieron al alcalde Ismael Burgueño y al secretario Avilés, pero ambos enfatizaron la obligatoriedad de la reforma. La retirada de armas a los policías escoltas en Tijuana tomó alrededor de una semana, retirándoles las pistolas a medida que cada elemento se reportaba para su turno. Los empresarios expresaron su preocupación a la gobernadora Ávila sobre la violencia no controlada en el estado.
Algunos afectados decidieron presentar sus quejas a la federación, como los representantes de Grupo Caliente, quienes, además de su seguridad privada, tenían contratados a 38 elementos armados de la policía municipal. Se trasladaron a Ciudad de México en busca de respuestas, pero no lograron ser una excepción. La mayoría solicitó a Ávila que intercediera ante el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero solo se obtuvo un mes de prórroga para la aplicación del decreto.
