“Es preferible ser temido que amado”.
Esta célebre frase del filósofo y diplomático italiano Nicolás Maquiavelo (1469-1527), extraída de su obra “El Príncipe”, refleja la contundente estrategia utilizada por gobernantes, especialmente autócratas y tiranos, a lo largo de la historia para mantener el poder.
Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler llevó el uso del terror a un extremo sin precedentes como método de control social.
A finales de 1941, Hitler aprobó el decreto “Noche y Niebla”, un marco legal que permitía la detención y ejecución —en secreto absoluto— de cualquier adversario del régimen nazi en los territorios ocupados por Alemania.
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y especialistas de la ONU consideran que esta orden fue el precursor del concepto actual de desaparición forzada de personas, una de las violaciones más graves de derechos humanos, catalogada como crimen de lesa humanidad por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
Adicionalmente, esta práctica ha dejado miles de víctimas en América Latina en las últimas décadas.
Bajo el velo de la oscuridad
El 7 de diciembre de 1941, mientras Japón bombardeaba Pearl Harbor, el mariscal Wilhelm Keitel, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas alemanas, firmó un documento titulado “Directivas para la persecución de infracciones contra el Reich o las fuerzas de ocupación en territorios ocupados”.
Este texto autorizaba a las fuerzas nazis a detener a personas en los países ocupados “que amenazaran la seguridad alemana” y someterlas a un proceso especial, según explicó el director del Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Jesús Ollarves Irazábal, a BBC Mundo.
Los detenidos no eran ejecutados de inmediato, sino que eran trasladados clandestinamente a Alemania, donde desaparecían sin dejar rastro, agregó el exjuez venezolano autor del libro “Desaparición Forzada de Personas: Estudio histórico-jurídico”.
“Según el Führer, las penas de prisión y cadena perpetua (…) son vistas como signos de debilidad”, se detalla en el decreto, según el fallecido jurista argentino Rodolfo Mattarollo en su obra “Noche y Niebla y otros escritos sobre los derechos humanos”.
“Un efecto de terror duradero solo se logra mediante la pena de muerte o medidas adecuadas para mantener a la población en la incertidumbre sobre el destino de los culpables. El traslado a Alemania permite alcanzar ese objetivo”, concluye el documento.
En las semanas siguientes, Keitel firmó otros documentos que detallaban las estrategias adoptadas por las fuerzas nazis para infundir el miedo que Hitler exigía.
“En los casos donde la pena de muerte no fuera dictada en los ocho días posteriores a la detención, los prisioneros eran enviados en secreto a Alemania, donde desaparecían sin dejar rastro y no se podía proporcionar información sobre su estado o paradero”, indicó el jurista venezolano.
El momento de la captura era crucial: “En la noche y la niebla”, una expresión que Mattarollo menciona que Hitler pudo haber tomado de un fragmento de la ópera “El oro del Rhin” de Richard Wagner, cuya obra era admirada por el dictador alemán del siglo XIX.
Sin mártires
El decreto “Noche y Niebla” fue promulgado tras el inicio de la operación “Barbarroja”, la invasión nazi a la Unión Soviética en el verano de 1941, lo que permitió a los partisanos de los países ocupados, especialmente en Francia, realizar ataques contra las fuerzas alemanas.
Hitler buscaba eliminar cualquier resistencia a su ocupación sin dar a la insurgencia figuras que pudieran inspirar a otros a levantarse.
“Keitel declaró en el tribunal de Nuremberg que si las familias hubieran conocido lo que sucedía con sus seres queridos hubieran creado mártires”, anotó la jurista italiana Gabriella Citroni, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
“La incertidumbre sobre el destino de los desaparecidos paralizaba a sus familiares y allegados”, añadió la experta.
Los nazis tomaron precauciones para asegurar la ausencia de registros sobre las víctimas del decreto.
“Las sentencias de los juicios sumarios sin defensa no se anotaban en las estadísticas oficiales del Reich ni en los expedientes penales ordinarios. La práctica de informar a la prensa sobre ejecuciones y publicar avisos se omitió”, detalló Ollarves.
“Los familiares no eran notificados sobre las ejecuciones ni las muertes de sus seres queridos, y las tumbas de los prisioneros no podían tener inscripciones con sus nombres”, agregó.
Mattarollo afirmó que los trasladados a Alemania eran llevados a prisiones o campos de concentración donde estaban completamente aislados del mundo exterior. “No se les permitía ningún contacto; no tenían derecho a cartas, paquetes ni visitas”, escribió.
No lo inventaron, pero lo legalizaron
Según Amnistía Internacional, en su informe “No a la impunidad de las desapariciones forzadas” de 2011, afirmaron que Hitler “inventó” esta violación a los derechos humanos con su decreto de 1941.
Sin embargo, expertos consultados tienen matices respecto a esta afirmación.
“La desaparición forzada existió antes del decreto “Noche y Niebla”. Durante el siglo XX, este crimen se intensificó en Rusia desde 1917, durante el terror rojo de Vladimir Lenin”, señaló Ollarves.
“La poetisa Zinaida Gippius escribió que ‘prácticamente no había una sola familia que no hubiera perdido a alguien’”, destacó el jurista venezolano.
Citroni opinó de forma similar. “A lo largo de la historia, la desaparición forzada ha sido utilizada en conflictos y guerras, pero lo novedoso de los nazis fue que sistematizaron esta práctica y la legaron a su ordenamiento legal”, afirmó.
“Las normas del decreto ‘Noche y Niebla’ contienen las características fundamentales de lo que hoy se define como delito de desaparición forzada de personas”, agregó la experta de la ONU.
El artículo 7 del Estatuto de Roma define la desaparición forzada de personas como “la detención, captura o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, seguido de la negativa a admitir dicha privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado”.
En 1946, durante los juicios de Nuremberg, Keitel intentó sin éxito atribuir la responsabilidad del decreto a Hitler. Después de afirmar que se opuso al decreto, el alto oficial expresó arrepentimiento por su implementación.
“Keitel enfatizó que (las desapariciones forzadas) fueron de las cosas más terribles que hicieron los nazis. Esto sorprende, ya que uno esperaría que se refiriera a los campos de concentración, pero se justificó diciendo que, mediante este decreto, se instauró el terror de Estado”, explicó Citroni.
“Esto explica por qué se prefirió la desaparición forzada en lugar de simplemente asesinar a las personas, ya que, aunque es más complicado que otros crímenes, permite lograr otros objetivos”, subrayó.
“Es un crimen que genera un profundo miedo en la sociedad durante un largo tiempo, afectando no solo a las familias de las víctimas, sino también a sus círculos cercanos, quienes se ven inmersos en lo que se denomina ‘luto congelado’, con la incertidumbre sobre lo que ocurrió, constituyendo un trato inhumano”, concluyó la experta de la ONU.
El impacto en América Latina
No se tiene certeza sobre cuántas personas fueron víctimas del decreto nazi. La Enciclopedia del Holocausto menciona alrededor de 7,000 arrestos y ejecuciones, principalmente en Francia, pero otras fuentes elevan esas cifras notablemente.
Lo preocupante es que esta práctica no quedó sepultada con la caída del régimen nazi en 1945, sino que se extendió globalmente, especialmente en América Latina, donde ha dejado miles de víctimas desde mediados del siglo XX.
Amnistía Internacional estima que entre 1966 y 1986, más de 90,000 personas desaparecieron en diversas dictaduras militares. A esto se suman entre 121,768 y 210,000 víctimas registradas en Colombia durante su conflicto armado entre 1958 y 2016, y más de 120,000 contabilizadas en México desde el inicio de la guerra contra las drogas.
“La desaparición forzada se propagó en las décadas de 1960, 1970 y 1980, especialmente en naciones con regímenes dictatoriales, autoritarios, o que vivieron conflictos armados. Un caso emblemático fue el Plan Cóndor implementado en el Cono Sur”, recordó Ollarves.
Citroni responsabilizó a la formación militar de América Latina durante la Guerra Fría para combatir la subversión y el terrorismo.
“Muchos militares de América Latina estudiaron en el mismo lugar (la Escuela de las Américas) donde se les enseñó estas técnicas, lo que explica el uso de métodos similares desde México hacia el sur”, indicó.
No obstante, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU también ofreció otras explicaciones que justifican la alta incidencia de este crimen en la región.
“Se trata de un delito con elevada impunidad, debido a las dificultades para investigar estos casos, el secretismo que lo envuelve y la cantidad de responsables. No creo que exista un solo caso de desaparición forzada con un solo autor”, opinó.
Citroni subrayó que esto no se limita a América Latina. “Se asocia frecuentemente el fenómeno de las desapariciones forzadas con Argentina o Chile, lo cual es cierto, pero es un estereotipo algo cómodo, ya que en el Grupo de Trabajo recibimos casos de distintas partes del mundo”, manifestó.
“En América Latina sabemos más por la valentía y determinación de los familiares que han salido a denunciar, a menudo arriesgando su propia seguridad”, agregó la experta.
Citroni sostiene que la eficacia de este crimen es la razón por la que aún se siguen reportando casos, con nuevas modalidades, como las desapariciones de corta duración registradas en Venezuela o Egipto.
“Es un mecanismo de control social muy eficaz cuyos efectos pueden perpetuarse a lo largo de generaciones, lo que lo hace perdurable”, concluyó.
Por Juan Francisco Alonso – BBC
