El aumento constante de personas desaparecidas en México ha alcanzado cifras preocupantes, sumando 131 mil 654 casos según el último informe de Red Lupa. Esta organización, que se especializa en el seguimiento de las desapariciones y la respuesta institucional, señala que la actuación del gobierno es insuficiente ante la gravedad del problema.
El Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, presentado por esta entidad, permite evaluar la situación a lo largo de los años. El 16 de mayo de 2022, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) reportaba 100 mil desaparecidos. Un año después, la cifra aumentó a 107 mil 327, en 2024 llegó a 117 mil 69, y para el 16 de mayo de 2025, se registraron 128 mil 64 casos.
Este incremento representa un aumento del 28 % en tan solo tres años, una tendencia que parece continuar sin cambios.
Al analizar los datos por entidades federativas, se observa una notable concentración geográfica. Jalisco, Estado de México, Tamaulipas, Veracruz y Nuevo León suman el 44,3 % de las desapariciones a nivel nacional. El porcentaje de mujeres desaparecidas se mantiene cerca del 23 %, destacando estados donde este número es considerablemente mayor.
En el Estado de México, se reportaron 13 mil 982 desaparecidos al 16 de mayo de 2025, con 5 mil 620 mujeres, lo que equivale a un 40 % del total, superando ampliamente la media nacional. En Atlautla, se registraron mil 861 desapariciones, cifra que supera a la de Ecatepec, a pesar de su menor tamaño, lo que no tiene explicaciones claras. En Baja California, de mayo de 2022 a mayo de 2025, se reportaron mil 309 casos de desapariciones, de los cuales mil 096 pertenecen a Tijuana.
El caso de Tabasco es especialmente alarmante. En mayo de 2024 había 467 personas desaparecidas, pero un año después, esta cifra se disparó a 3 mil 952, lo que demuestra un crecimiento exponencial. Casi la mitad de las víctimas son mujeres, la mayoría de ellas entre 15 y 19 años.
Este fenómeno ocurre en un contexto donde los homicidios han disminuido en el estado, sugiriendo que la reducción de un delito podría estar asociada al aumento de otro de mayor gravedad. La importancia de registrar y contabilizar estas desapariciones va más allá de la mera recolección de datos; es esencial para el análisis de la situación y la formulación de estrategias de búsqueda más efectivas.
Sin embargo, persisten dudas sobre la falta de acciones prioritarias en los estados con más casos y la carencia de medidas extraordinarias en los lugares con incrementos notables, como en Tabasco. Aunque existe la Comisión Nacional de Búsqueda, que ha tenido tres titulares en más de siete años, no hay un análisis oficial que oriente la búsqueda de desaparecidos, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
A nivel internacional, la gravísima situación está marcada por la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas, que establece el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, reconociendo que este delito implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos organizados, con el consiguiente ocultamiento del paradero de la persona afectada.
Las consecuencias para las víctimas son devastadoras, ya que sufren torturas físicas y psicológicas, viven en constante temor y, en muchos casos, enfrentan secuelas perdurables. Las familias y amigos padecen un dolor mental persistente sin certezas sobre la vida o el estado de las personas desaparecidas, lo que se agrava por las dificultades económicas que esto conlleva, especialmente si la víctima era el principal sostén familiar. Las mujeres, que a menudo lideran las búsquedas, son además víctimas de riesgos adicionales como acosos y violencia sexual.
Las desapariciones forzadas constituyen una grave violación de los derechos humanos, afectando derechos esenciales como la libertad, la vida y el acceso a un juicio justo. Además, se ven comprometidos derechos económicos, sociales y culturales, como la protección familiar, la salud y la educación. México ha ratificado diversas convenciones internacionales que abordan este problema desde 2002.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implementó en 1990 un Programa Especial de Personas Desaparecidas, enfocado en investigar quejas vinculadas a desapariciones que involucran a autoridades federales. A nivel global, existen cientos de miles de personas desaparecidas en al menos 85 países debido a conflictos o represión. La impunidad y la vulnerabilidad de ciertos grupos, como niños y personas con discapacidad, agravan aún más esta situación.
