Al margen de la normativa y facilitando la corrupción, han funcionado las cámaras corporales de la policía de Playas de Rosarito en los últimos cuatro meses. Sin un protocolo claro para su uso y la custodia de los videos, así como su integración al nuevo reglamento policial, se ha permitido que tanto ciudadanos como funcionarios públicos queden impunes tras ser grabados intentando sobornar a los agentes, quienes ya cuentan con cámaras de monitoreo en vivo.
Durante el Tianguis Turístico, cuatro policías de Rosarito iniciaron el uso de estas cámaras portátiles. En agosto, ya son 20 los elementos de las divisiones turística y de tránsito que tienen acceso al sistema de monitoreo en el C2 de la policía municipal. Cada cámara tuvo un costo superior a los 60 mil pesos, perfilándose un total de 1 millón 425 mil 600 pesos en inversión y capacitación.
“La secretaría ha establecido, mediante el protocolo interno que estamos desarrollando, que el uso de las cámaras tendrá un tratamiento de almacenamiento de 30 días. Este periodo podría variar en función de la capacidad de almacenamiento disponible; podría haber modificaciones para reducir el tiempo a 15 o 20 días,” explicó Héctor Manzo, secretario de seguridad ciudadana de Playas de Rosarito.
Stephanie Esquivel, regidora del Ayuntamiento de Playas de Rosarito y presidenta de la comisión de seguridad, tampoco tiene certeza sobre cuándo se podrá contar con el nuevo reglamento y protocolos. “Se implementarán cámaras corporales, tomando como referencia apego a la fuerza que han establecido estados como Puebla. Después de esto se elaborará el protocolo, el cual aún no hemos podido aprobar debido a que primero debemos validar el reglamento,” expuso Esquivel.
Desde un punto de vista tecnológico, las cámaras presentan deficiencias en resolución, ya que solo alcanzan una definición de 480 píxeles, cuentan con dos gigabytes de capacidad de grabación y una duración de batería de ocho horas; su fortaleza radica en tener una dirección IP propia y conectividad a través de tecnología DHCP.
Gustavo Torres, presidente de CCE Playas de Rosarito, comentó que “hay muchos aspectos que faltan. Por ejemplo, el reglamento cambió hace dos años y ya existen zonas de tolerancia donde se permite a los turistas consumir cerveza en la vía pública, en áreas como el Barbachán. Es necesario informar sobre estas normativas a los visitantes y rosaritenses para evitar multas y extorsiones.”
La ausencia de un protocolo y reglamento ha generado una falta de datos estadísticos sobre automovilistas captados en cohecho o intentando sobornar a los agentes. La regidora destaca que el proyecto representa una iniciativa piloto que podría disminuir la corrupción y contribuir a esclarecer incidentes de inseguridad, como la persecución ocurrida a finales de julio.
La inversión de 1.4 millones de pesos que se destinó al programa de cámaras corporales tiene una validez de un año, que expira en abril. El cabildo contará hasta octubre para evaluar los resultados y decidir si se ampliará la cantidad de 60 cámaras corporales, así como también si se asignará un mayor presupuesto para el monitoreo y grabación del actuar de la policía de tránsito y turística de la localidad.
