La colaboración de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos para combatir el crimen organizado ha sido eficaz, aunque enfrenta obstáculos debido a egos institucionales en la administración de Donald Trump, especialmente de la DEA.
Este año, México ha entregado a 55 capos de manera inusual y con riesgos potenciales. Estos envíos, uno en febrero y otro recientemente, abarcan a figuras emblemáticas del crimen en las últimas décadas.
Entre los entregados se encuentran desde Rafael Caro Quintero, del extinto Cártel de Guadalajara, hasta Servando Gómez La Tuta, de los grupos que operan en Michoacán, incluyendo a miembros del Cártel Nueva Generación y los Z-40 y Z-42. Esta variedad y el calibre de los implicados carecen de precedentes en la historia de extradiciones.
La presidenta ha demostrado su disposición a actuar enérgicamente tras el fin de la política de “abrazos”, facilitando el intercambio de información con Washington para la realización de intervenciones y decomisos. Recientemente, un dron de EE. UU. sobrevoló el Estado de México como parte de esta cooperación.
Sheinbaum busca igualar la dinámica con Trump, tratando de moderar las influencias de la Casa Blanca y prevenir acciones unilaterales. Su firme respuesta al Proyecto Portero de la DEA refleja su deseo de mantener el control en la narrativa relacionada con la seguridad nacional.
Además, la DEA ha tenido antecedentes problemáticos en México, como el caso del exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos. A raíz de este incidente, se reformó la operación de agentes extranjeros en México, resaltando la falta de confianza entre ambos países.
A pesar de las presiones, Sheinbaum intenta equilibrar la relación con EE. UU., fortaleciendo su capacidad para manejar situaciones complicadas y asegurando el control sobre agencias clave. Los recientes nombramientos en la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores apuntan a un manejo más riguroso de fondos ligados al crimen organizado.
