Por Ana Paula Carbonell /@AnaPauCarbonel1
Este nuevo sistema implica un grave retroceso en derechos humanos, afectando no solo a grupos vulnerables, sino a toda la ciudadanía al concentrar datos sensibles y permitir su acceso sin restricciones a autoridades civiles y militares.
Identificación biométrica obligatoria: una huella permanente
Uno de los aspectos principales es la implementación de la CURP biométrica obligatoria para todos los ciudadanos en México, según la Ley General de Población. La CURP, que antes era un identificador alfanumérico, ahora integrará datos biométricos (huellas dactilares, iris y otros rasgos físicos), necesarios para realizar cualquier trámite o acceder a servicios tanto públicos como privados.
El paquete legislativo incluye sanciones económicas significativas para quienes no se adhieran a esta normativa, calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), restringiendo la autonomía individual de manera considerable.
Control sobre telecomunicaciones y vigilancia de la comunicación
La Ley General en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que todas las empresas de telefonía deben vincular las líneas telefónicas a la identidad biométrica, bajo la amenaza de bloqueo por incumplimiento. Esto expone a la población a una vigilancia continua, afectando la libertad de comunicación, particularmente para aquellos que no desean ser rastreados o que se encuentran en situaciones de riesgo.
Esta propuesta reemplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones, un organismo autónomo que ha trabajado en la protección de derechos digitales, por una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sin verdadera autonomía, facilitando el monitoreo y censura indirecta.
Plataforma Central de Inteligencia: conexión masiva y falta de límites
La reforma más preocupante es la creación de la Plataforma Central de Inteligencia, bajo la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Esta plataforma interconectará prácticamente todas las bases de datos disponibles (vehiculares, biométricas, fiscales, de telecomunicaciones, de salud, financieras, entre otras), permitiendo a las autoridades de inteligencia y fuerzas policiales acceder a la información en tiempo real sin necesidad de autorización judicial previa.
El alcance inédito de esta plataforma en México se asemeja a sistemas que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han reconocido como propensos a abusos en otros países. La concentración masiva de datos sin salvaguardias efectivas abre la puerta a la vigilancia arbitraria, el perfilamiento, la censura y la persecución política.
Militarización de la vigilancia: mayores riesgos para la libertad y la seguridad
El conjunto de reformas refuerza el papel de las fuerzas armadas en tareas de inteligencia y vigilancia. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional tendrán acceso irrestricto a la Plataforma Central de Inteligencia, a menudo sin la necesidad de autorización judicial previa, lo que intensifica la militarización del sistema de seguridad pública.
Este cambio resulta especialmente riesgoso en un país donde las fuerzas armadas han sido señaladas por repetidos casos de violaciones a derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La carencia de controles y supervisión civil aumenta el riesgo de abusos y limita la rendición de cuentas.
Un modelo incompatible con los derechos fundamentales
Este sistema de vigilancia generalizada atenta contra diversas garantías constitucionales y derechos humanos, como:
Derecho a la privacidad: La recopilación masiva y sin controles de datos biométricos y personales compromete la intimidad y autonomía de la ciudadanía.
Presunción de inocencia: El acceso indiscriminado a información sin autorización judicial propicia el perfilamiento y la persecución injusta.
Libertad de expresión y asociación: La supervisión constante genera autocensura y limita espacios de crítica y protesta social.
No discriminación: El sistema fomenta el uso discriminatorio de datos por motivos de género, etnia, orientación sexual o activismo político.
Reacciones y denuncias de organizaciones civiles
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre los peligros de estas leyes. El colectivo R3D, defensor de los derechos digitales en México, publicó un informe afirmando que la vigilancia masiva sin controles es un retroceso para las democracias modernas. En su nota conceptual, denunciaron que este paquete legislativo “normaliza la vigilancia masiva e indiscriminada y socava las protecciones que la población debe tener frente al estado”.
También grupos como Fundar, Artículo 19 y Fundación para la Justicia han señalado que el sistema aprobado por MORENA fomentará la censura, la persecución política y la militarización de la vida ciudadana, además de obstaculizar el acceso a la justicia frente a posibles abusos.
Desafíos y resistencias en curso
Diversas organizaciones han informado sobre estrategias legales para impugnar estas reformas ante la Suprema Corte de Justicia y tribunales internacionales de derechos humanos. Se ha convocado a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a organismos internacionales a unirse y supervisar el desarrollo e implementación del sistema.
El activismo digital y la defensa de los derechos humanos digitales son tareas urgentes para evitar que la legítima función de seguridad se convierta en un instrumento de control y represión masiva.
La necesidad de proteger la privacidad y la democracia frente a la vigilancia masiva
El paquete de reformas aprobado en julio de 2025 representa un severo retroceso en derechos humanos en México y un riesgo para la democracia al establecer un sistema de vigilancia sin controles ni garantías. La integración indiscriminada de datos personales, con acceso sin supervisión judicial, aumenta el potencial de abusos estatales que pueden afectar a todos.
Es esencial fortalecer la defensa de la privacidad, la libertad y la presunción de inocencia a través de la vigilancia social, el activismo, el diálogo con autoridades y las acciones legales pertinentes, para asegurarnos de que la seguridad pública no se use como pretexto para erosionar derechos fundamentales.
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Puedes consultar el reporte completo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales en su página web.
