Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas nos invita a celebrar la diversidad cultural, lingüística y política de las comunidades originarias, al mismo tiempo que nos incita a reflexionar sobre las deudas históricas que tenemos con ellas y los mecanismos necesarios para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos. En el ámbito electoral, esta reflexión es particularmente significativa, ya que las personas indígenas continúan enfrentando barreras estructurales que limitan su derecho a votar, ser votadas o participar equitativamente en la toma de decisiones.
Esta situación comienza por cuestionar nuestra concepción de nación. Desde la década de los noventa, la pluriculturalidad de la nación mexicana está reconocida constitucionalmente en el artículo segundo, sin embargo, existen importantes rezagos en el acceso efectivo a los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Benedict Anderson, en su obra *Comunidades imaginadas*, plantea que las naciones son construcciones sociales fundamentadas en la imaginación colectiva y no entidades naturales. Estas comunidades políticas existen porque sus integrantes creen ser parte de un mismo proyecto, aunque no se conozcan personalmente. Esta “imaginación nacional” no es neutra; puede ser inclusiva o excluyente, ampliando o restringiendo los términos de pertenencia.
Durante un largo periodo, la noción de nación dominante en México se basó en un imaginario homogéneo, mestizo, urbano y hispanohablante. Esta perspectiva ocultó las diversas formas de ejercer la ciudadanía de los pueblos indígenas, relegándolos al margen de la vida pública. De este modo, la democracia se volvió incompleta; si no todas las voces tienen valor o no lo tienen de la misma manera, la comunidad imaginada no puede ser completamente democrática.
Frente a esta realidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció en 2016 la Defensoría Pública Electoral. Inicialmente, su objetivo era centrarse en los pueblos y comunidades indígenas, brindándoles asesoría jurídica, orientación y apoyo para la mediación. Esto marcó un hito en el reconocimiento y acceso efectivo a los derechos político-electorales de los pueblos originarios.
Posteriormente, este organismo amplió su mandato para incluir a otros grupos históricamente marginados, actuando como un puente entre el acceso a la justicia electoral y las realidades vividas por estas poblaciones, convirtiendo la participación política en una realidad que antes les era ajena.
Así, la Defensoría Pública Electoral ha logrado avances significativos: ha promovido el acceso gratuito y especializado a la defensa jurídica en asuntos electorales, y ha acompañado litigios estratégicos para asegurar la participación de comunidades indígenas en decisiones que las afectan. A través de este trabajo, ha establecido precedentes en la protección de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas en temas como la libre determinación, autonomía y consulta, la violencia política de género, la terminación anticipada de mandato en sistemas normativos internos, la administración de recursos por parte de estas comunidades, la representación política, el reconocimiento a la identidad y el derecho al voto de desplazados internos y personas en prisión preventiva.
Estos logros demuestran que la Defensoría no solo fortalece los derechos individuales, sino también los colectivos. Más allá de los asuntos jurisdiccionales, lo crucial ha sido transformar nuestra democracia. Incluir las voces indígenas en el espacio electoral no es una concesión, sino un acto de justicia histórica que redefine los contornos de la comunidad política. Reconocer que la nación mexicana es pluricultural, pluriétnica y multilingüe implica que esta diversidad debe reflejarse en cómo concebimos y ejercemos la democracia.
La Defensoría Pública Electoral sigue siendo un instrumento cercano a la gente, contribuyendo a la construcción de una democracia más plural y representativa. Además, sirve como recordatorio de que el acceso a la justicia requiere un enfoque interseccional e intercultural en su aplicación. En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sigamos imaginando una comunidad nacional donde todas las personas se reconozcan como parte de un proyecto común. Una nación donde la participación política de los pueblos y comunidades indígenas sea inherente al juego democrático, integrando todos los elementos de nuestra sociedad con su diversidad. Solo así, con todas las voces contando, podremos afirmar que vivimos en una democracia verdaderamente inclusiva en México.
