En octubre, Mexicali marcará cinco años de estancamiento en la aplicación de la Justicia Cívica, un sistema diseñado para la resolución de conflictos en las comunidades.
Este modelo de justicia busca abordar, prevenir y solucionar de manera efectiva las adversidades enfrentadas por los miembros de la comunidad, con el objetivo de evitar que lleguen a ser problemas que requieran la intervención de un juez penal o civil.
Casi cinco años después y tras la gestión de tres presidentas municipales, la Justicia Cívica sigue sin concretarse. Carecemos de regulación, instalaciones adecuadas y la capacitación otorgada al personal hace más de cinco años requiere actualización, ya que nunca se implementó el nuevo sistema.
Bajo la administración del último alcalde del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, se había comenzado a trabajar a nivel federal en la Justicia Cívica, con fondos destinados a la creación de instalaciones y formación de personal a través de acuerdos con USAID. Sin embargo, los gobiernos ahora deberán buscar los recursos necesarios para hacerla realidad.
La diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, quien ha impulsado exhortos y propuestas de ley para la operatividad de la Justicia Cívica, sostiene que el estancamiento se debe a la falta de interés en la creación de mecanismos de prevención del delito, enfocándose solo en una perspectiva punitiva para resolver conflictos. Por su parte, el regidor del PAN, Manuel Rudecindo García, afirmó que el Cabildo tiene la autoridad para regular la Justicia Cívica, pero aún no lo ha hecho, a pesar de que es un proyecto supuestamente promovido por el partido en el poder.
Desde el año 2017, el Poder Legislativo Federal estableció las bases para encaminar la política de prevención del delito y resolución de conflictos hacia la Justicia Cívica y el Consejo de Paz, dejando una configuración flexible para las entidades y municipios. Gracias al respaldo del Gobierno Federal y USAID, la administración de Gustavo Sánchez Vásquez inició la capacitación y construcción de una sala en la Subcomandancia Zona Noreste, donde se planeaba implementar un programa piloto.
Según el regidor “Rude”, durante ese tiempo se capacitaron al 70 % de los policías y a prácticamente todos los jueces calificadores. El evento más reciente relacionado con el avance de la Justicia Cívica fue en octubre de 2020, cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó un evento para anunciar la construcción de una nueva sala para audiencias públicas de justicia cívica.
Sin embargo, desde entonces no se han logrado más avances. En 2023, el regidor José Ramón López Hernández afirmó que el programa piloto podía iniciar ese mismo año, pero tampoco se concretó. El compromiso de avanzar en la implementación del Consejo de Paz y la Justicia Cívica sigue sin cumplirse. La diputada García Ruvalcaba ha hecho esfuerzos para impulsar la creación de una ley, pero el tema ha quedado estancado en el Congreso, con falta de iniciativas para modificar la normatividad existente.
