Los tribunales establecidos para el Sistema de Justicia Oral Civil y Familiar, bajo el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), en el municipio de Playas de Rosarito, se inaugurarán en enero de 2026. Esto ocurrirá una vez que se apruebe la plantilla necesaria para su funcionamiento, según informó Alejandro Isaac Fragozo López, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California (TJCJ).

Fragozo López indicó que, considerando la viabilidad presupuestal de este año y la situación financiera actual, se prevé que se inicie sin demoras en enero del próximo año. Esto se debe a que se requiere una ampliación de la plantilla de personal, cuya autorización está pautada para enero, según compartió a ZETA.

Se deben considerar diversos factores para comenzar con el nuevo sistema, que involucran a los tres poderes, la ampliación de personal coordinada con la Secretaría de Hacienda y una declaración que debe emitir el Congreso del Estado.

La plantilla inicial estará compuesta por 41 personas, de las cuales se están solicitando aproximadamente 25, mientras que el resto provendrá de las plazas existentes en los juzgados de Playas de Rosarito. Esto incluye tres jueces: dos para el ámbito civil y uno para el familiar, además de tres especialistas en temas mixtos.

La inversión total para la construcción del edificio y su equipamiento tecnológico asciende a cerca de 25 millones de pesos, y, según Fragozo López, el avance actual de esta obra es del 85%.

El sistema comenzará con carga cero, pero se proyecta que atienda alrededor de 2 mil 800 casos, tanto civiles como familiares, debido al tamaño del municipio y al promedio de mil casos por juez.

Se contempla que este sistema se enfoque en la rapidez y en la búsqueda de alternativas para la solución de conflictos. Fragozo López comentó que la intención es promover medidas que permitan un cambio significativo en este sentido. Tras la inauguración en Rosarito, se prevé que el siguiente municipio en establecer su sistema sea Ensenada, seguido por Tecate y Guadalupe Victoria, todos financiados por el Poder Judicial. Para 2027, se planea inaugurar en Tijuana y Mexicali, con el respaldo del gobierno del estado debido a la alta demanda.

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) fue publicado el 7 de junio de 2023 con el fin de unificar la legislación en estas áreas a nivel nacional. Todos los estados tienen como fecha límite el 1 de abril de 2027 para implementar el código en su totalidad, el cual persigue la promoción de la oralidad y de mecanismos alternativos para la resolución de controversias, como el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA).

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