TIJUANA, AGOSTO 3, 2025.- En una reunión plenaria en Tijuana, el Consejo Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) de Baja California presentó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda un análisis con propuestas específicas para abordar los desafíos en seguridad, desarrollo económico y competitividad en los siete municipios del estado.
El C.P. Roberto Lyle Fritch, presidente del CCE Tijuana y líder del Consejo Técnico Estatal de los CCE, destacó que la inseguridad es el principal impedimento para la inversión y el bienestar en la región. Como prioridad, propuso el fortalecimiento de las academias de policía, con el objetivo de formar 1,000 agentes anualmente, para reducir el déficit que enfrentan las instituciones de seguridad.
Aclaró que la academia tiene capacidad para recibir hasta 500 cadetes cada semestre, pero carece de los recursos necesarios para convocarlos, lo que ha llevado a una grave escasez de policías municipales, estatales y custodios en el estado.
Propuso una colaboración entre el sector empresarial y el gobierno que garantice la obtención de los recursos imprescindibles para promover, reclutar y capacitar a más elementos desde las academias, con el fin de profesionalizar y dignificar la labor de seguridad pública en todos los municipios, considerando un déficit estimado de 2,262 agentes solo en Tijuana y 7,146 en todo el estado.
Lyle Fritch enfatizó que esta reunión fue una iniciativa del CCE, donde, a pesar de su brevedad, se lograron definir con claridad las prioridades transversales como la inseguridad y la pérdida de empleo, factores que impactan de manera severa en la región.
Uno de los acuerdos más significativos fue el compromiso de la gobernadora de realizar reuniones individuales con cada presidente de los Consejos Coordinadores Empresariales municipales, para dar un seguimiento detallado a las propuestas según cada ciudad.
En Tijuana, el CCE presentó datos del Observatorio Social de Baja California que revelan una percepción de impunidad superior al 80%, así como una expansión del cobro de piso que afecta a numerosas delegaciones, impactando directamente a pequeños comercios, servicios y transporte. Se destacó la persistencia de casos de extorsión en Playas de Rosarito, lo que ha causado una disminución del 20% en la ocupación hotelera, dañando la imagen turística del lugar y generando temor entre residentes y visitantes.
