Donald Trump ha intensificado su castigo hacia Brasil. Los intentos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva por alcanzar un acuerdo que permitiera sortear los aranceles del 50% impuestos por el presidente de Estados Unidos recibieron un rechazo antes de que se finalizara el plazo establecido del 1 de agosto. La Casa Blanca confirmó este miércoles que Brasil estará sujeto al gravamen más alto que Estados Unidos ha impuesto a otro país, a pesar de que China había padecido previamente una tasa del 145% de manera temporal.
La administración de Washington justificó este aumento del 40%, sumado al arancel universal del 10%, por “recientes políticas, prácticas y acciones del Gobierno brasileño que suponen una amenaza extraordinaria a la seguridad nacional, a la política exterior y a la economía de Estados Unidos”, según un decreto firmado por Trump y publicado por la Casa Blanca invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
En el decreto se identifican razones que van más allá de lo económico: la balanza comercial es favorable para Estados Unidos, pero el presidente busca con esta medida influir en el juicio que enfrenta su amigo, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de supuesta implicación en el golpe de enero de 2023.
Bolsonaro se enfrenta a una posible condena significativa y Trump percibe en lo que califica de “persecución, acoso y censura política” un reflejo de sus propias vivencias durante el asalto al Capitolio hace dos años. El juez del Tribunal Supremo que lo juzga, Alexandre de Moraes, afrontará lo que se ha informado como nuevas sanciones y un posible bloqueo económico casi total en Estados Unidos.
Aunque la decisión es severa, se exceptuaron los aviones civiles fabricados por Embraer, una de las empresas más representativas de Brasil, cuyos aviones son utilizados por aerolíneas estadounidenses para vuelos de corta distancia. Como resultado, las acciones de Embraer subieron más del 7% en la bolsa de São Paulo tras el anuncio. También quedaron exentos del arancel productos esenciales como silicio, estaño, pulpa de madera y fertilizantes.
Sin embargo, la lista de exenciones no abarca otros productos brasileños cruciales para mantener su estatus como potencia agrícola. El decreto menciona “intimidación y censura” del Gobierno brasileño hacia Bolsonaro y sus partidarios, aunque el juicio es dirigido por una instancia judicial, el Supremo. Lula ha denunciado en diversas ocasiones que Trump no reconoce la separación de poderes en Brasil.
Desinformación y delitos de odio
El decreto también critica al juez por su lucha contra la impunidad en delitos de odio y desinformación en redes sociales, mencionando que empresas tecnológicas estadounidenses han sido sancionadas por no acatar sus órdenes. Se alude a las tensiones con X (anteriormente Twitter), la cual estuvo bloqueada en Brasil debido a su negativa a cumplir decisiones judiciales. La búsqueda de Brasil por responsabilizar a grandes empresas tecnológicas por los contenidos en redes sociales también contribuye al descontento de Trump hacia Brasilia.
Al juez se le aplicará la Ley Magnitsky: si tiene empresas en Estados Unidos, serán bloqueadas y no podrá realizar transacciones financieras con ciudadanos o empresas estadounidenses usando tarjetas de crédito de dicho país. Fue incluido en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU., y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que se debe a su implicación en la situación judicial de Bolsonaro. “Moraes es responsable de una campaña opresiva de censura y detenciones arbitrarias que infringen los Derechos Humanos”, afirmó.
Moraes ha estado en el centro de atención debido a su papel en los juicios contra Bolsonaro. A mediados del mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la revocación de visados de entrada a Estados Unidos para Moraes, otros jueces del Supremo y sus familiares, aunque solo para aquellos designados como cómplices en la “caza de brujas” contra Bolsonaro.
La posibilidad de sanciones contra el magistrado ha sido un tema recurrente, siendo un objetivo del diputado Eduardo Bolsonaro en su cruzada personal. Eduardo, quien se encuentra en Washington, celebró la decisión como un “hito histórico” y volvió a pedir al Congreso brasileño que apruebe una amnistía para su padre y otros implicados en el golpe para “restaurar la paz”.
La norma utilizada contra la judicatura brasileña fue establecida en 2012 en homenaje al abogado ruso Sergei Magnitsky, quien falleció en prisión tras denunciar un esquema de corrupción. Originalmente, estaba destinada a sancionar oligarcas rusos, pero en 2016 se amplió para incluir violaciones de Derechos Humanos globalmente.
Para la extrema derecha en Brasil, Moraes representa todo lo que aborrecen y es el foco del odio radical, incluso más que el presidente Lula. Esto se debe principalmente a su liderazgo en el juicio contra Bolsonaro, quien podría enfrentar hasta 43 años de prisión por intentar desestabilizar a Lula tras las elecciones de 2022. La animosidad hacia Moraes tiene antecedentes, ya que anteriormente encarceló a numerosos involucrados en los disturbios del 8 de enero en Brasilia, cuando partidarios de Bolsonaro invadieron las sedes de poder. Su lucha contra la desinformación y el odio en redes también ha generado conflictos con grandes tecnológicas en EE. UU., algo que ha indignado a la administración Trump, que ha citado los intentos de regular las plataformas digitales como parte de su castigo a Brasil.
