En el patio delantero de un hogar en Mexicali, agentes encontraron 21 máquinas tragamonedas nuevas, algunas aún en su embalaje original.
Según la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), la dueña no pudo presentar documentación que validara la legalidad de las máquinas ni su ingreso al país cuando fue interrogada.
La Fiscalía Regional de Mexicali, a través de la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia, llevó a cabo un cateo con el propósito de asegurar evidencias en el marco de una pesquisa por extorsión, logrando resultados positivos.
Este suceso, corroborado por personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), evidenció la existencia de mercancía que no había sido importada legalmente en la ciudad.
La Fiscalía Regional de Mexicali inició una investigación por extorsión, lo que llevó a la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio, Sociedad, Estado y Justicia a solicitar una orden de cateo.
Conforme a lo informado por la propia Fiscalía, los agentes de la Agencia Estatal de Investigación recolectaron la evidencia necesaria para que el Agente del Ministerio Público obtuviera la autorización judicial para proceder.
Un Juez de Control otorgó la orden, permitiendo inspeccionar la vivienda situada en la avenida Haza, en el fraccionamiento Villa Las Lomas.
Durante la ejecución de la orden, los agentes revisaron la propiedad y encontraron las 21 máquinas tragamonedas en el exterior. La propietaria fue solicitada para mostrar la documentación que certificara la legalidad y la importación de los aparatos, pero indicó no contar con ella.
Ante esta situación, las autoridades aseguraron las máquinas y el inmueble, notificando al SAT, en específico al área de Comercio Exterior.
Como resultado, la FGE entregó las 21 máquinas tragamonedas al SAT, las cuales fueron trasladadas a un recinto oficial para su resguardo.
El 17 de julio, se reanudó la diligencia con la presencia de personal del SAT, quienes confirmaron que la mercancía no había sido importada de manera legal, por lo que se solicitó nuevamente la documentación a la propietaria.
La Fiscalía General del Estado reafirmó su compromiso con la legalidad y la justicia, resaltando la importancia de intensificar la investigación de delitos que afectan la integridad y patrimonio de la población de Baja California, asegurando que ningún acto ilegal quedará sin respuesta.
