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La cuestión de los “parquímetros” vuelve a cobrar relevancia en Tijuana, ya que se ha anunciado una expansión de su funcionamiento desde el Centro de la ciudad hacia la Zona Río, lo que conlleva diversas repercusiones.

Por Zona Sísmica

22 de julio 2025

El tema de los “parquímetros” retoma fuerza en Tijuana con la reciente decisión de ampliar su ámbito de operación del Centro hacia la Zona Río. Este cambio trae consigo una serie de implicaciones. Además del aumento considerable de costos que se registró en febrero, los usuarios han expresado su descontento debido a que los equipos para realizar el pago a menudo no funcionan o no responden adecuadamente a las instrucciones dadas por los automovilistas.

Según la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable, Inspección y Seguridad Vial de Tijuana, la empresa Copemsa Tijuana S.A. de C.V. tiene un contrato que le permite extenderse hacia la Zona Río, incluyendo algunas áreas de las calles 5 y 10, así como la garita del Chaparral y Playas de Tijuana. El titular de la dependencia, Apolinar Fernández Álvarez, afirma que por el momento, estos últimos espacios solo están considerados en papel, pero existe la posibilidad de que los parquímetros electrónicos lleguen hasta allí.

Miembros del grupo “Somos México” continúan intentando anular la elección judicial, llegando al Tribunal Electoral con las conocidas “acordeones”, pero no con el fin de entonar felicitaciones. Ellos afirman tener evidencia de irregularidades en los comicios del pasado 1 de junio, especialmente la distribución masiva de guías que favorecerían el voto hacia candidatos afines a los morenistas. Este grupo, que busca constituirse como partido político, ha presentado información al tribunal mediante el recurso “amicus curiae” para ofrecer una nueva perspectiva sobre la elección cuestionada.

La actuación del Tribunal Electoral, dirigido por la magistrada Mónica Soto Fregoso, ha sido objeto de críticas debido a la controversia generada por sus sentencias. Un caso específico, el de la ciudadana de Hermosillo, Karla Estrella, generó reacciones tras su condena, obligándola a ofrecer disculpas públicas durante 30 días, lo que fue considerado “excesivo”, incluso por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El asesinato del subcomandante Roberto Méndez Arreola, ocurrido hace una semana, parece haber servido como un llamado de atención para las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, quienes demandan resultados en términos de seguridad. En el valle de Mexicali, se llevaron a cabo operativos coordinados que resultaron en la captura de más de una docena de individuos armados y con drogas, lo que puede interpretarse como una respuesta ante esta situación.

La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, también se ha alineado con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, logrando la detención de un abogado que supuestamente extorsionaba a su cliente y que contaba con cómplices que buscaban engañarlo haciéndole creer que había una investigación o orden de aprehensión en su contra en la FGR. Se espera que este renovado enfoque en la seguridad pueda traducirse en la captura de los responsables del asesinato de Méndez Arreola.

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