La reciente visita de la mandataria el sábado 12 de julio a la localidad se vio opacada por la presencia de numerosos manifestantes que interrumpieron la inauguración de la Clínica #23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar.
Con pancartas y megáfonos, los inconformes expresaron su rechazo a la construcción del puerto y a las implicaciones ambientales que esto traería para la ciudad. Golpeaban y colgaban mensajes en la nueva reja metálica, intentando ser escuchados por las autoridades locales.
Ante la indiferencia, los manifestantes decidieron bloquear parcialmente la carretera Transpeninsular en ambos sentidos, generando congestión en una de las vías más transitadas de Baja California.
“Lo dije en el evento inaugural: no vamos a hacer nada que ustedes no quieran. Va a haber diálogo, y si no quieren, no se hace. Pero hay que dialogar, es lo único que les pido. ¿Les parece bien?”, declaró Claudia Sheinbaum tras bajar de la camioneta que la trasladaba.
La Presidenta tomó un megáfono y, al igual que los manifestantes, se aferró al cerco de la clínica para hablar con aquellos que bloquearon el paso de su convoy, lo que provocó que la protesta comenzara a disolverse.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda permaneció en otra camioneta, desde donde, con la ventanilla casi cerrada, solo alcanzó a responder que se realizará una consulta sobre el tema.
La cancelación de iniciativas portuarias como Cabo Dorado y Cabo Cortés en Baja California Sur, así como el puerto de La Coruña en España, son ejemplos de proyectos ambiciosos que fueron detenidos por razones similares a las que enfrenta el megaproyecto en El Sauzal, Ensenada.
En pocas semanas, sin el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), que agrupa al sector económico de la región, han logrado unir a 34 grupos de la sociedad civil para oponerse al proyecto propuesto por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Este frente incluye a investigadores, productores de vino, pescadores, científicos, sociólogos, arquitectos, profesores, estudiantes y otros profesionales que se han organizado para detener el megaproyecto valorado en cinco mil 700 millones de pesos.
Los líderes de estas organizaciones han identificado 17 impactos irreversibles sobre el ecosistema marino y han señalado la falta de infraestructura urbana y servicios públicos adecuados para soportar un puerto industrial de tal tamaño.
Estos grupos han realizado estudios científicos que apoyan su oposición, recordando que en 2010 también detuvieron el mismo proyecto en El Sauzal, por razones similares, destacando los daños ecológicos provocados por el dragado del suelo marino.
Según proyecciones, el megaproyecto de El Sauzal implicaría un aumento de trece veces la carga portuaria, pasando de 450 mil a seis millones de contenedores anuales, forzando la reubicación de actividades pesqueras, turísticas y de los mismos habitantes de la delegación.
El mapa de 2020 indica que El Sauzal ya ha alcanzado casi el doble de su capacidad, destinando más terreno al almacenamiento de contenedores, industrias y vivienda, mientras que la expansión industrial se extiende rápidamente hacia la Ruta del Vino, amenazando áreas agrícolas.
FEDERACIÓN REITERA INTENCIÓN DE CONSTRUIR MEGAPROYECTO PORTUARIO
El pasado 3 de junio, durante una sesión informativa sobre el plan de inversión portuaria, un grupo opositor interrumpió la presentación, que contaba con la presencia de empresarios del Consejo Coordinador Empresarial y el almirante Luis Javier Robinson Portillo Villanueva, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA).
La protesta demandó transparencia en las proyecciones de la zona. Días después, el 19 de junio, Manuel Fernando Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Marina, reafirmó a nivel nacional la intención del gobierno federal de construir y ampliar seis puertos en México: Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Progreso y Acapulco.
En el caso de El Sauzal, Gutiérrez detalló que el plan contempla la construcción de escolleras para nuevos muelles y un muelle de pesca, buscando reforzar esta vocación pesquera. Según el funcionario, el proyecto generaría aproximadamente 3 mil empleos directos e indirectos al aprovechar la posición estratégica de la zona.
Toda la obra formará parte del Plan Nacional de Infraestructura y del Plan México, con una inversión global estimada en 277 mil millones de dólares. Gutiérrez también mencionó que el puerto de Manzanillo ya cuenta con cartas de intención de grandes inversionistas.
Los pescadores y transportistas ven un futuro incierto ante el megaproyecto en El Sauzal. Rigoberto Velázquez, líder pesquero, advirtió sobre los graves efectos que podría tener el proyecto en las 3 mil familias que dependen de la pesca en la región, corriendo el riesgo de perder especies clave.
José Martínez, transportista de mercancías del puerto de Ensenada hacia El Sauzal, también se manifestó en desacuerdo con el proyecto, señalando que la falta de infraestructura vial adecuada complicaría el tránsito, afectando la circulación de embarcaciones pequeñas, mientras alertó sobre los riesgos para la pesca en la zona.
Ambos sectores coinciden en que el megaproyecto representa un futuro incierto para sus actividades económicas. León Fierro Reséndiz, activista que fue encarcelado por una protesta anterior, se unió a la alianza que rechaza la construcción del puerto, argumentando que la ampliación alteraría el ecosistema y la identidad del puerto.
Desde su experiencia, Fierro recomienda que las comunidades se unan, ya que la colaboración puede llevar a lograr grandes logros, no solo deteniendo el proyecto, sino proponiendo alternativas sostenibles para el desarrollo de la zona.
Finalmente, Fierro resaltó que, si bien hay fuerzas grandes detrás del proyecto, un pueblo bien organizado puede conseguir cambiar su futuro, como lo demostraron en Mexicali.
