El Espacio OSC (Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas) lleva a cabo un seguimiento y propuesto reformas para mejorar la política de protección vigente en México dirigida a defensores y periodistas.
Su misión es transformar de manera radical y significativa las instituciones, políticas y paradigmas predominantes en el país, haciendo que la defensa del medio ambiente y los derechos no represente una condena ni un estigma para ningún mexicano.
Con un enfoque interseccional, de género, colectivo y comunitario, se busca fortalecer las acciones en favor de defensores y periodistas, promoviendo la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y la libertad de expresión en México.
Esta organización se ha constituido ante la urgente necesidad de brindar apoyo y protección a periodistas y defensores de derechos, quienes enfrentan crecientes agresiones, desde amenazas hasta asesinatos, con más de 80 fallecimientos registrados solo por la defensa del medio ambiente en el país.
México y el activismo ambiental
Desde 2016, al menos 84 defensores ambientales han sido asesinados en México, posiblemente en relación con su actividad, según reportes de ONGs. De estos asesinatos, 7 son mujeres y 77 hombres; 44 pertenecen a comunidades indígenas y una es afromexicana, según un comunicado del Espacio OSC.
El informe, emitido el 17 de julio, Día Nacional de las Personas Defensoras del Medio Ambiente, señala que estos hechos están acompañados de numerosas agresiones como la criminalización, hostigamiento judicial, amenazas, desplazamientos forzosos y desapariciones. Este día también se presenta como un recordatorio de la deuda del Estado mexicano con quienes arriesgan su vida por proteger territorios y ecosistemas.
Es urgente detener los crímenes en México
El trabajo de los defensores es crucial frente al avance de megaproyectos extractivos, infraestructura impuesta, deforestación y contaminación, los cuales continúan deteriorando los ecosistemas y exacerbando desigualdades. A esta situación se suma la violencia del crimen organizado, que ejerce control sobre territorios y recursos en varias regiones del país.
Actividades como la tala ilegal, la minería clandestina y la apropiación violenta de tierras se han intensificado, afectando tanto al medio ambiente como a quienes lo defienden. Las economías criminales están profundamente ligadas a la degradación ambiental, creando escenarios de alto riesgo, advierte OSC.
OSC recuerda que el Estado mexicano ha establecido marcos normativos que deben ser implementados con urgencia, como la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó el Mecanismo Federal de Protección en 2012. A nivel internacional, México firmó y ratificó el Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a proteger a los defensores del medio ambiente.
Finalmente, OSC expresa su profunda preocupación por la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), afirmando que genera un vacío institucional que pone en riesgo el derecho de acceso a la información pública ambiental. Hacen un llamado urgente para garantizar la justicia ambiental, asegurando la existencia de jueces con especialización en derechos humanos y ambientales, libres de presiones.
