Tras la confiscación de 15 millones de litros de combustible en Coahuila, se iniciaron pesquisas para identificar a los responsables. Estas investigaciones han involucrado al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debido a su vinculación indirecta con la empresa Lambrucat.
La gobernadora Marina del Pilar indicó que, según la fiscalía estatal, Ruffo es parte de la indagación por su posible vinculación en un esquema de tráfico de combustible.
En el marco de esta investigación, diversas empresas que manejan el transporte, importación y almacenamiento de hidrocarburos cuentan con autorización oficial de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener), aunque muchas han sido señaladas por actividades ilegales relacionadas al robo de combustible.
Lambrucat es acusada de actos de tráfico de combustible y está indirectamente asociada con Ruffo Appel, quien ha manifestado que su inclusión en el registro de comercializadoras fue una sugerencia del Gobierno Federal y que ha operado cumpliendo con las normativas vigentes.
La operación de grupos criminales dedicados al tráfico de combustible ha evolucionado desde la ordeña directa de ductos hasta el manejo de grandes volúmenes desde plantas industriales. Además, ha crecido la modalidad conocida como huachicol fiscal, donde el combustible es ingresado con documentación alterada o subregistrada ante las autoridades aduaneras.
En la última incautación significativa, se encontraron 15.5 millones de litros de combustible, de los cuales solo una pequeña fracción contaba con documentación regularizada.
Según las investigaciones, varios empresarios y políticos de Baja California están vinculados a la empresa Ingemar S.A. DE C.V., incluyendo a Ruffo Appel, el empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, su hijo Ricardo Thomson Navarro, y el socio extranjero José Merino Cuervo. Estos individuos han sido mencionados en diferentes ocasiones por sus conexiones con empresas que, a pesar de contar con permisos oficiales, han sido investigadas por robo y comercialización irregular de hidrocarburos.
En el caso de Ingemar S.A. DE C.V., antes de recibir cuatro concesiones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, se presentaron conflictos internos entre accionistas y posteriores litigios sobre la posesión de acciones y el control de la empresa.
Otras empresas involucradas que están bajo investigación incluyen Lambrucat y Combustibles y Derivados Belar S.A. DE C.V.; esta última ha tenido que detener y reanudar operaciones en varias ocasiones debido a sanciones impuestas por las autoridades fiscales.
Ruffo sostiene que su participación fue limitada a proyectos portuarios en El Sauzal, Ensenada, y que no ha estado involucrado directamente en la importación o el manejo ilegal de combustible.
Sin embargo, los demás socios de Ingemar argumentan que hubo maniobras para marginarlos y que la concesión de permisos beneficia únicamente a quienes ya controlaban la empresa. Ricardo Thomson Ramírez y su hijo alegan que la reducción de sus acciones se realizó sin notificación, buscando así obtener beneficios particulares de las ganancias generadas por los permisos de importación concedidos durante la administración anterior.
Entre las empresas destacadas en las investigaciones de 2025 se encuentran Mefra Fletes, IPS, Autolíneas Roca, Montimez, Grupo Petrotamps y Distribuidora Industrial, todas operando en diferentes nodos logísticos y de transporte.
