Un juez federal otorgó a Julio César Chávez Júnior una suspensión de plano para que se respetara el proceso penal, aunque esto no evitará su detención al regresar a México.
El recurso interpuesto en Mexicali tenía como objetivo evitar una privación de la libertad ilegal, así como detenciones, retenciones o incomunicaciones por parte de la Fiscalía General de la República u otras instancias federales.
“Se concede al quejoso la suspensión de plano para que de inmediato cese cualquier ataque a la libertad fuera del procedimiento, así como incomunicaciones, golpes, tormentos, malos tratos, o cualquier acto que resulte cruel, inhumano, degradante o que amenace la vida e integridad del quejoso, además de otros actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y los tratados internacionales mencionados. Para el cumplimiento de esta suspensión, las autoridades deben, bajo su más estricta responsabilidad, abstenerse inmediatamente de realizar cualquier acto que implique lo anterior”, señala el fallo.
Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali, Baja California, emitió la suspensión contra el boxeador debido a una investigación de la Fiscalía General de la República desde 2019 por el delito de delincuencia organizada, especialmente por tráfico de armas y drogas.
En su determinación, el juez federal no impidió la detención de Chávez Carrasco una vez que sea deportado a México, basándose en la orden de aprehensión existente, asegurando que se respetará el procedimiento penal y que el boxeador será entregado a las autoridades competentes en México.
Ayala Gutiérrez estableció que, en caso de ser detenido en México, Chávez Carrasco debe ser presentado ante el Ministerio Público, y si se ejecuta la orden de aprehensión, debe ser puesto a disposición del juez responsable del caso.
“Todo lo anterior es aplicable, salvo en el cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial, en cuyo caso deberá ser presentado de inmediato ante la misma”, indicó el titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali.
El fallo se dio en un amparo presentado el 4 de julio de 2025 por un abogado en nombre de Chávez Carrasco, implicando que, al ser deportado, la FGR podría ejecutar la orden de captura y trasladarlo a un penal federal.
Ayala Gutiérrez dio tres días para que Chávez Carrasco, quien aún está detenido en Estados Unidos, manifestara si ratificaba esta demanda de amparo; de no hacerlo, se consideraría como no presentado su recurso legal.
Durante el mismo plazo, el juez federal solicitó al boxeador verificar si tenía lesiones visibles y, en caso afirmativo, que informara si estaba siendo torturado, así como el tipo de tortura que pudiera estar sufriendo.
El juez también otorgó un plazo de cinco días a su abogado para confirmar si el amparo se presentó por error en Mexicali, dado que en la demanda se especificó que debía ser dirigido a los juzgados del Primer Circuito, es decir, de la Ciudad de México.
“Adicionalmente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación [PJF], el abogado presentó diversas demandas de amparo en distintos juzgados de distrito del país”, detalló el acuerdo de Ayala Gutiérrez.
