Nada, nada.
Si el Gobierno de México busca información sobre datos sensibles relacionados con seguridad, servicios financieros y narcotráfico, deberá realizar sus propias investigaciones.
Esto es evidente, ya que la justicia estadounidense no está dispuesta a compartir sus indagaciones, algo que ha demostrado a lo largo del tiempo, especialmente desde el año pasado, cuando se enfocó en Ismael El Mayo Zambada.
Este último logró orquestar de manera meticulosa la captura del jefe del Cártel de Sinaloa, quien operó en la clandestinidad del narcotráfico durante más de medio siglo, mientras que México nunca pudo acercarse a él.
El plan resultó ser sencillo.
Todo indica que un hijo de Joaquín Guzmán Loera, Joaquín Guzmán López, tendió una trampa a su padrino, resultando en su captura el 25 de julio de 2024.
Sin que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuviera al tanto, ambos individuos aparecieron en el aeropuerto de El Paso, Texas, y desde entonces han estado bajo custodia y enfrentando procesos judiciales.
SÚPLICAS INÚTILES
Este caso es un ejemplo claro.
López Obrador solicitaba información constantemente, pero nunca la obtuvo, algo que también le ocurrirá a Claudia Sheinbaum, a pesar de sus insistencias.
A pesar de múltiples sucesos que se han manejado con gran secretismo, la administración de Sheinbaum no ha recibido comunicación, como es el caso de la entrega de 17 familiares de Ovidio Guzmán López, otro hijo de Joaquín Guzmán Loera.
Estos fueron a la garita de San Ysidro para entregarse al FBI (Federal Bureau of Investigation) tras un acuerdo negociado durante meses que les garantizaba protección.
Y llegaron con una suma irrisoria: 70 mil dólares, quizás para hamburguesas y café.
El nuevo tema en discusión es el golpe al sistema financiero mexicano, ya que el Departamento del Tesoro ha identificado a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, vinculadas a Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia con Andrés Manuel López Obrador.
A través de estas instituciones, se operaron, según información oficial, 40 millones de dólares para Genaro García Luna, a quien el presidente tabasqueño ha presentado como un ejemplo de la corrupción del expresidente Felipe Calderón.
Ambos, el tabasqueño y el michoacano, se encuentran ahora en la misma situación.
OTRA IMPUNIDAD
1.- La alcaldesa Abelina López se añade a la lista de impunidades.
Debido a que no ha comprobado el uso de 898 millones de pesos por parte del Ayuntamiento de Acapulco, ha recibido protección del máximo tribunal.
Los votos de los ministros Javier Laynez y Yasmín Esquivel le otorgaron suspensiones que impiden su destitución como edil por parte del Congreso de Guerrero.
Sin embargo, la denuncia penal en su contra sigue vigente, y será importante observar cómo avanza el proceso de revocación de mandato promovido por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
¡Ah, pero en la 4T no se ocultan corruptelas!, proclama el discurso oficial.
Y 2.- A la 4T no le agrada lo adverso.
Manifiestan su descontento porque en Nuevo León, tres candidatos perdedores -Ernesto Camacho, Claudia Garza y Guadalupe Vázquez- impugnaron la planilla del acordeón.
¿Cuál es la molestia?
A juicio del oficialismo, esto ensucia la elección judicial, cuando la instrucción presidencial era asegurar que quienes fueran seleccionados desde la Ciudad de México se conviertan en magistrados y jueces.
