En Baja California, se han perdido seis años en el diseño y aplicación de políticas públicas de seguridad, los mismos que ha estado en el gobierno el partido MORENA, sin considerar los problemas del sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, donde se desdibujó el plan de prevención y estrategia contra la violencia, sumando un total de 12 años de inacción.
El enfoque actual frente a la violencia se basa en diagnósticos erróneos, pues los gobiernos utilizan indicadores de denuncia que pueden manipular a su antojo. La reflexión de que “no hay delito de cobro de piso porque no se denuncia” resonó en recientes declaraciones de la Fiscal, la Alcaldesa de Mexicali y un coordinador de diputados de MORENA. Esta visión ignora que, en el país, el 90% de los delitos no se reportan, lo que contribuye a una representación distorsionada de la realidad.
La salida de Daniel de la Rosa Anaya de la Secretaría de Seguridad, después de casi una década en el cargo, evidenció el fracaso del modelo de seguridad implementado. La creciente tasa de homicidios en 2017, las denuncias de abusos por parte de la PEP y las acusaciones de corrupción con el crimen organizado, revelaron serios problemas en su gestión.
El manejo ineficaz de los recursos públicos destinados a seguridad en las últimas dos administraciones de gobiernos panistas también ha sido evidente. Los recursos y el poder estaban concentrados en la Secretaría de Daniel de la Rosa y la PEP.
La situación se complicó aún más con el gobierno de Jaime Bonilla, que eliminó la Secretaría de Seguridad y centralizó el poder en la Supra Fiscalia de Guillermo Ruiz Hernández, quien, a pesar de ser un buen abogado, no ha manejado adecuadamente la prevención y operación policial.
Con el regreso de Marina del Pilar Ávila al poder, se reestableció la Secretaría de Seguridad y su policía estatal (actualmente llamada FESC), pero han fracasado en sus esfuerzos, ya que se han visto obligados a aceptar tres titulares en cuatro años. Muchos cambios y ajustes han generado desaciertos en la política de seguridad.
Por primera vez, un secretario de Seguridad, Laureano Carrillo, presentó un informe sobre estrategias y acciones del departamento. Este lunes, hizo un recuento de su plan, anunciando un convenio de colaboración con Sonora y Baja California Sur, lo cual permitirá que la policía estatal actúe dentro de 40 kilómetros en ambas entidades cuando haya delitos flagrantes. También se reconoció la necesidad de tener destacamentos en diversas áreas del estado.
El actual gobierno todavía debe desarrollar una política pública efectiva de prevención del delito. Les quedan dos años para corregir el rumbo. Este puede ser un momento clave para el futuro de la seguridad en Baja California.
