Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmintió de manera rotunda que existan investigaciones por parte de autoridades estadounidenses en contra de políticos mexicanos por supuestos nexos con el crimen organizado.
En una entrevista con la periodista Azucena Uresti, Harfuch explicó que ninguna de las entidades involucradas, como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha realizado solicitud o emitido reporte alguno sobre funcionarios mexicanos.
“En ninguna de las reuniones que tuvimos con funcionarios estadounidenses, haciendo referencia a Christopher Landau, ni en otros espacios, se mencionó a un solo político mexicano”, afirmó el titular de la SSPC.
García Harfuch subrayó que en los encuentros oficiales con representantes de Estados Unidos, no se mencionó a ningún político mexicano y descalificó como infundadas las versiones que indicaban lo contrario. Reiteró que aunque hay múltiples investigaciones actualmente, ninguna corresponde a lo que se ha reportado en los medios de comunicación.
El funcionario aclaró que cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita ayuda para ejecutar una orden de investigación o detención, la información se envía a las autoridades mexicanas de inmediato, siguiendo los protocolos establecidos, sin necesidad de pedidos adicionales.
Respecto a la reciente reunión entre la Presidenta Claudia Sheinbaum y el subsecretario de Estado estadounidense, Cristopher Landau, García Harfuch mencionó que se abordaron distintos temas de seguridad, incluyendo la reducción de homicidios y el combate al tráfico de fentanilo, así como operativos en territorio mexicano. También se trataron asuntos migratorios, donde la mandataria hizo un llamado al respeto por los migrantes, haciendo énfasis en recientes operativos en ciudades como Los Ángeles.
Finalmente, el titular de la SSPC destacó que el gobierno federal está comprometido en afrontar las causas estructurales de la violencia, y que en los primeros ocho meses de la actual administración se han desmantelado más de mil laboratorios clandestinos, lo que representa un golpe significativo a las finanzas del crimen organizado, al evitar que ingresen millones de pesos por drogas ilícitas.
