José Réyez
A lo largo de las últimas décadas, América Latina ha sido el escenario de intensos debates acerca de la viabilidad de negociar con organizaciones criminales, especialmente aquellos sin una ideología claramente definida.
Casos como las treguas en El Salvador (2012), que lograron disminuir los homicidios en un 50%, así como los procesos de sometimiento a la justicia en Colombia, han generado un espacio para considerar alternativas de política pública frente al crimen organizado.
No obstante, México ha quedado excluido de esta discusión debido a factores como la influencia de la relación bilateral con Estados Unidos, la narrativa de la “guerra contra el narco” y la falta de posibilidades para un diálogo gubernamental con las organizaciones criminales.
Esto se menciona en el informe “Destrucción de la negociación con grupos criminales en México” del Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT), elaborado por Sebastián Guerra Sánchez, investigador asociado, junto a Elena Azaola, Alberto Olvera, Raúl Benítez, Daniel Vásquez y David Pérez, del Grupo de Apoyo para la Construcción de Paz (GAPMX).
El documento resalta las limitaciones que enfrenta México para la negociación, atribuibles a la fragmentación del crimen organizado, que ha dado origen a más de 150 grupos criminales (2020), con estructuras descentralizadas y competencia violenta por el control de mercados. Esta diversidad complica la posibilidad de llegar a acuerdos, ya que no todos los grupos tienen la misma capacidad para cumplir sus compromisos.
La diversificación económica del crimen se evidencia en que los grupos ya no dependen únicamente del narcotráfico; han extendido su actividad a la extorsión, tráfico de armas, y control de cadenas productivas (como aguacate y limón), así como al robo de combustible y trata de personas. Esta variedad de fuentes de ingresos disminuye los incentivos para negociar y reintegrarse al sector legal.
Además, la conexión social y territorial del crimen organizado es notable, relacionado con economías locales y comunidades, como en el caso de Michoacán y la industria del aguacate. Cualquier intento de negociación debe considerar no solo a los criminales, sino también las redes económicas y sociales que los sustentan.
Por otro lado, la colusión con el Estado y la debilidad institucional complican aún más el panorama. La “zona gris” entre el poder legal e ilegal dificulta la identificación de actores confiables para dialogar. La corrupción y la infiltración en instituciones públicas debilitan la legitimidad de la acción estatal.
Las instituciones de seguridad y justicia en México carecen de los recursos necesarios para llevar a cabo negociaciones efectivas. La ausencia de reformas significativas en estos ámbitos restringe la capacidad de ofrecer garantías judiciales o ejercer amenazas creíbles ante los grupos criminales.
A pesar de estas limitaciones, el informe sugiere estrategias para incorporar la negociación como una herramienta en la política pública: desmantelar redes de corrupción al priorizar la lucha contra actores estatales coludidos con el crimen, en vez de enfocarse únicamente en los líderes criminales. La negociación puede ayudar a exponer estas redes y a fortalecer la inteligencia del Estado.
Asimismo, recomienda reformas institucionales y un diseño de procesos de negociación que fortalezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y profesionalice a los actores locales (policías, fiscales) para romper el ciclo de colusión y debilidad gubernamental.
Una potencial ley de sometimiento debería contemplar información robusta sobre los grupos criminales, enfoques diferenciados (territoriales o por rangos dentro de las organizaciones), consensos políticos y la participación de víctimas y la sociedad civil, además de incentivos legítimos como reducción de penas o programas de reinserción, complementada con un enfoque en comunicación y opinión pública.
Es esencial superar narrativas polarizantes, como la “guerra contra el narco”, y equilibrar la confidencialidad con la transparencia para conseguir legitimidad social. La negociación con el crimen organizado no es una solución mágica, pero puede ser un componente de una estrategia integral que, junto con el fortalecimiento institucional, reformas judiciales y políticas sociales, impulse un cambio positivo.
