La administración del presidente Donald Trump presiona al gobierno mexicano para que investigue y procese a políticos con supuestos vínculos con el crimen organizado, y para que los extradite a Estados Unidos si existen cargos penales en ese país, según fuentes cercanas al tema.
Estas solicitudes han sido planteadas en al menos tres ocasiones por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y su equipo durante reuniones bilaterales y diálogos con autoridades mexicanas. Buscan presionar a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para que lleve a cabo investigaciones a funcionarios y despliegue una ofensiva sin precedentes contra la narcocorrupción, según informaron cuatro personas con conocimiento del asunto.
En estas conversaciones, los funcionarios de EE.UU. han exigido acciones concretas contra varios políticos del partido Morena de Sheinbaum, llegando a amenazar con una mayor imposición de aranceles si México no toma medidas. Sin embargo, estas conversaciones no habían sido reportadas anteriormente.
La administración de Trump ha justificado la imposición de aranceles a México debido al aumento de la influencia de los cárteles sobre el gobierno mexicano.
Una ofensiva que pudiera afectar a altos funcionarios en activo representaría una soberania escalada en los esfuerzos de México contra la corrupción relacionada con el narcotráfico. Sin embargo, esto podría acarrear riesgos políticos para Sheinbaum, ya que algunas acusaciones involucran a miembros de su propio partido, según declaró un integrante de su gabinete de seguridad a Reuters.
La solicitud estadounidense se realizó inicialmente en una reunión en Washington el 27 de febrero, encabezada por Rubio, junto al canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, conforme informaron las cuatro personas que conocen del tema. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, así como funcionarios de los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia, también asistieron a la reunión, junto al fiscal general mexicano Alejandro Gertz y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Las autoridades de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General mexicana y la Secretaría de Seguridad no respondieron a solicitudes de comentarios sobre las conversaciones. De igual manera, la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. tampoco ofrecieron comentarios al respecto.
A finales de febrero, México extraditó a 29 figuras vinculadas a cárteles a EE.UU., siendo esta la mayor entrega de este tipo en años, después de las amenazas de Trump acerca de imponer aranceles generalizados a productos mexicanos. Según dos de las fuentes, durante las discusiones se abordó también la posibilidad de agilizar la captura y/o deportación de objetivos prioritarios de la DEA y el FBI.
Dentro de las conversaciones, se planteó la idea de designar a un zar estadounidense del fentanilo, quien se encargaría de comunicarse directamente con el equipo de Sheinbaum en relación con los avances en la lucha contra el opioide sintético, responsable de numerosas muertes por sobredosis en EE.UU.
Washington también ha instado a México a realizar inspecciones más exhaustivas de la carga y los viajeros que se dirigen a Estados Unidos en la frontera, que es uno de los cruces más transitados del mundo.
A pesar de que la Fiscalía General de México es independiente del gobierno de Sheinbaum, Washington ha acusado a México de proteger a políticos con supuestos vínculos con los cárteles durante años. Los gobernadores en funciones y los legisladores federales disfrutan de inmunidad procesal en la mayoría de los delitos y sólo pueden ser procesados por delitos federales graves, tales como el narcotráfico o el crimen organizado, si el Congreso lo autoriza.
Reuters no pudo confirmar si Estados Unidos proporcionó a México una lista de políticos sospechosos de estar vinculados al crimen organizado, ni si presentó pruebas en su contra. Sin embargo, dos fuentes indicaron que se mencionaron cinco funcionarios actuales de Morena y un exsenador durante las conversaciones, incluida la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Ávila comunicó en sus redes sociales el 11 de mayo que Estados Unidos les había revocado las visas de turista a ella y a su esposo, aunque no ofreció más detalles respecto al motivo, calificado por ella como “una injusticia”. El Departamento de Estado y la embajada estadounidense en México no han hecho declaraciones sobre el caso.
La persecución de políticos en funciones se ha conceptualizado como una línea roja en México, según cinco diplomáticos en el país. Si bien algunos políticos mexicanos han sido detenidos y procesados en EE.UU. por corrupción, esto solo ha ocurrido tras dejar el cargo. En 2020, la captura del exsecretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles a solicitud de la DEA desató una crisis diplomática y afectó la colaboración entre ambos países en materia de narcotráfico. Posteriormente, Estados Unidos retiró los cargos y Cienfuegos regresó a México, donde no ha enfrentado ningún procedimiento legal.
