Ante una crisis sanitaria sin precedentes caracterizada por un desabasto de medicamentos que en 2023 alcanzó hasta el 30%, afectando a millones de personas, especialmente a aquellos con enfermedades graves como el cáncer, el gobierno mexicano ha decidido implementar una transformación estructural. La emergencia es palpable: en 2022, más de 15.2 millones de recetas no fueron surtidas en las principales instituciones de salud pública, impactando a pacientes con condiciones neurológicas, psiquiátricas, Parkinson e hipertensión arterial. Esta problemática ha generado quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha llevado a muchos pacientes a recurrir a la vía legal para exigir su derecho a la salud.
En este contexto, el nuevo decreto emitido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone cambiar el paradigma actual, aspirando a convertir a México en un líder global en producción e innovación farmacéutica mediante un modelo de soberanía farmacéutica, inversión estratégica y desarrollo industrial. Este decreto es pieza clave del llamado Plan México, una estrategia a largo plazo que busca revitalizar la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud.
Transformar al país en un centro de excelencia farmacéutica requiere atraer inversiones extranjeras y consolidar infraestructura productiva, generar empleos de alto valor agregado y fortalecer las capacidades regulatorias e institucionales. La base del nuevo modelo radica en utilizar la capacidad de compra pública del Estado mexicano —más de 300 mil millones de pesos cada dos años— para reindustrializar el sector. El gobierno planea ofrecer incentivos a empresas que establezcan plantas y centros de investigación en el territorio nacional, priorizando los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi).
Este esquema incluye una revitalización de Birmex, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, con una inversión de 130,000 millones de pesos, la empresa estatal que coordinara nuevas inversiones, uniendo esfuerzos del sector público, privado y académico. Asimismo, se tiene proyectado crear plantas bioincubadoras farmacéuticas, fomentando la investigación biomédica, la innovación tecnológica y el desarrollo de talento y propiedad intelectual nacional.
Además, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) avanza en un proceso de modernización para alinearse con estándares regulatorios internacionales, digitalizando el 60% de sus trámites, con la meta de llegar al 100%. Se ha modernizado la plataforma DIGIPRiS para la autorización de ensayos clínicos y se ha establecido una colaboración con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para acelerar el registro de patentes y procesos sanitarios. Estos avances buscan reducir tiempos de espera, aumentar la transparencia y facilitar nuevas inversiones.
Sin embargo, el plan no está exento de tensiones. Representantes del sector farmacéutico, tanto nacional como internacional, han expresado preocupaciones sobre la reinstauración de requisitos de desempeño, como la necesidad de tener una fábrica en México para participar en licitaciones. Esta cláusula, que se eliminó en 2008 para fomentar la competencia global, podría entrar en conflicto con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que prohíbe imponer condiciones a las inversiones extranjeras.
A pesar de las posibles complicaciones, existe la convicción del gobierno de que el gasto público en salud debe ser una inversión estratégica. Por ello, la administración de Sheinbaum ha propuesto que las farmacéuticas que participen en grandes compras públicas se comprometan a inversiones en infraestructura e innovación. Con esto, se busca que el Estado evolucione de comprador a arquitecto de una nueva economía de salud. En este sentido, el Plan México también presenta una oportunidad para el comercio exterior, contribuyendo al desarrollo del sector farmacéutico y mejorando estándares de calidad para acceder a mercados internacionales.
