El contrabando y robo de combustibles en México se mantiene como un problema significativo en el sector energético, representando entre un 30% y un 40% de la gasolina y diésel comercializados en el país. Esto causa un daño al erario público de aproximadamente 6.867 millones de euros.
Esta práctica, conocida como “huachicol fiscal”, afecta tanto a las finanzas públicas como a Petróleos Mexicanos (Pemex). Consiste en declarar al fisco la entrada de combustibles bajo otras denominaciones, como aceites o lubricantes, eludiendo el pago de impuestos, incluidos los especiales sobre producción y servicios.
Desde 2020, se ha evidenciado un aumento en las importaciones de lubricantes, lo cual, según el consultor energético Ramsés Pech, carece de justificación económica. Asegura que “no existe algún sustento en la actividad económica” que respalde este fenómeno.
El “huachicol fiscal” también sucede en el territorio nacional, donde las estaciones de servicio compran gasolinas y diésel robados, sin contar con facturas que permitan su trazabilidad. Se estima que este problema le cuesta al fisco mexicano alrededor de 5.860 millones de euros, mientras que la consultora Petrointelligence calcula que las pérdidas por importación bajo otras denominaciones superaron los 8.103 millones de euros en 2024.
Pech destacó que estos montos no solo afectan al fisco, sino que también implican pérdidas considerables para Pemex, teniendo en cuenta el robo y la entrada ilegal de combustibles al país. El desfalco petrolífero se da de diversas formas, siendo una de ellas la extracción ilegal a través de tomas clandestinas que drenan los oleoductos de Pemex.
De acuerdo con Pemex, entre 2019 y 2024, la sustracción ilegal de combustibles ha significado un costo de casi 3.466 millones de euros, ascendiendo a aproximadamente 250 millones de euros solo en el primer trimestre de este año. Estadísticas de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) indican que alrededor del 30% del combustible que circula en el mercado mexicano es ilegal.
Carlos García, director ejecutivo de la productora y comercializadora Valero, señaló que, aunque las autoridades han tomado medidas para “contrarrestar los efectos del contrabando de combustible en México”, son las mismas autoridades las que han permitido que este problema crezca desmedidamente. En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una nueva estrategia enfocada en la trazabilidad de los combustibles, así como en mayores controles en aduanas y puertos, y el seguimiento de las investigaciones ante la Fiscalía.
Entre las acciones más recientes de las autoridades mexicanas se destaca el mayor decomiso de combustibles a finales de marzo, cuando se incautaron 10 millones de litros ocultos en un buque proveniente de Texas, EE. UU., que pretendía ingresar al país como aceite vegetal, y casi 8 millones de litros en camiones abandonados.
