Con un operativo de cateos de seis horas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California (FGE) retomó la búsqueda de restos humanos denunciados el 14 de abril. Esto se llevó a cabo en dos terrenos situados cerca de las calles Venustiano Carranza y Aquiles Serdán en el Cañón de las Carretas, en la delegación San Antonio de los Buenos en Tijuana, durante las mañanas del 21, 22 y 23 de mayo.
La FGE informó que en los últimos dos días habrá personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) presente. Para los Colectivos de padres buscadores, esto es positivo pero poco común. La Comisión Estatal, por otro lado, solicita la participación de la CNB en casos significativos o mediáticos, siempre cuando se requiera la presencia de antropólogos.
“Los agentes de la FGE no saben escarbar, ellos son investigadores. El personal de las comisiones tiene protocolos específicos para determinar los lugares a escarbar”, explicó Paula Sandoval, del colectivo Familiares Unidos Buscando a Nuestros Desaparecidos.
La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, anunció las nuevas inspecciones en conferencia de prensa el 16 de mayo en Mexicali. Aunque los medios indicaron que los cateos comenzarían el 19, en realidad empezaron 48 horas después. Al cierre de la jornada de búsqueda el 15 de mayo, aún se habían localizado seis cuerpos en las fosas del Cañón de las Carretas. La suspensión de las búsquedas en la zona había generado descontento en el gobierno estadounidense, lo que fue señalada como uno de los motivos para revocar la visa de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Andrade también confirmó en la misma atención a medios que la denuncia inicial sobre la ubicación de los terrenos provino de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad, que habían detenido a jóvenes narcomenudistas, quienes ofrecieron información sobre el hallazgo. Asimismo, se reiteró que hasta esa fecha se habían encontrado seis víctimas.
En cuanto a las búsquedas, la fiscal Andrade mencionó que éstas han avanzado de manera gradual debido a que se trata de una zona agreste y rocosa, donde varios organismos, como la Agencia Estatal de Investigación y la Guardia Nacional, han participado en la búsqueda y resguardo de la propiedad. Existen también solicitudes de órdenes de cateo que han ralentizado el proceso.
ZETA realizó visitas a los terrenos involucrados, observando que desde el 17 de abril, uno de los predios quedó sin seguridad. Mientras que el terreno detrás de la calle Aquiles Serdán estuvo asegurado por la FESC desde el 16 de abril. La fiscal confirmó la continuidad de los trabajos y la necesidad de maquinaria especial para escarbar en este difícil terreno de acceso.
