La organización civil Data Cívica ha documentado, desde 2018, al menos 18 homicidios relacionados con violencia política en la Ciudad de México, siendo la mayoría de las víctimas miembros de Morena. En este contexto, los asesinatos de Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y de José Muñoz, su asesor, se consideran parte de un patrón más amplio según la organización.
Asimismo, Data Cívica ha registrado 25 incidentes de violencia político-criminal durante el mismo periodo, que abarcan ataques armados, amenazas y atentados, además de los homicidios anteriormente mencionados.
Entre las víctimas se encuentra Erick Millán Romero, supervisor de medidas cautelares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien fue asesinado en 2023. Los informes indican que fue atacado en la colonia Obrera por al menos dos personas en motocicleta, quienes lo persiguieron hasta matarlo a balazos.
Otro caso notable es el de Pablo Eduardo Casañas, director jurídico del Cefereso N. 12 en Guanajuato, asesinado en la capital en 2023. Se ha reportado que Casañas recibía amenazas de criminales organizados.
La violencia política en la capital no es un fenómeno reciente. En 2024, la ONG reportó el asesinato de dos funcionarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el homicidio de un chofer vinculado a esta entidad.
Entre 2018 y la fecha presente, se han documentado siete excandidatos, un exdiputado local y un exalcalde asesinados. Destacan figuras como Francisco Piceno Camacho, exalcalde; Saúl Zapata Vargas, excandidato a alcalde asesinado en 2019; además del exregidor Jorge Ramos Parra y el exdiputado Eddy Ortiz Piña.
El 17 de febrero de este año, un ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc resultó en la muerte de Carlos Páez, trabajador de Vía Pública, quien fue herido así como su esposa. A finales de febrero, se reportaron los asesinatos de dos empleados de la Secretaría de Salud de la capital.
Expertos asociados a Data Cívica apuntan que esta violencia está vinculada a la interferencia de grupos criminales en los procesos electorales. Itzel Soto, coordinadora del proyecto Votar entre Balas, advierte que este fenómeno no es novedoso ni exclusivo de una administración, sino que refleja una tendencia en aumento.
Para Soto, una solución efectiva requiere ir más allá de medidas superficiales, enfocándose en desarticular las redes de corrupción que conectan el crimen organizado con instituciones gubernamentales.
Según datos de Votar entre Balas, en lo que va de 2025, se han registrado siete precandidatos y candidatos asesinados. Además, se han documentado otros ataques, incluyendo siete casos de amenazas, un atentado y un secuestro. Votar entre Balas forma parte de los diez proyectos ganadores del Sigma Awards 2025, el más alto reconocimiento en periodismo de datos a nivel mundial.
