Estados Unidos enfrenta una demanda judicial impulsada por México contra ocho fabricantes de armas estadounidenses. Este proceso legal se centra en empresas como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger, Barrett y el distribuidor Interstate Arms. México las acusa de participar en un comercio “negligente e ilícito” que contribuye a la violencia en el país.
La situación se ha convertido en un tema candente a nivel internacional, ya que se considera vital para la seguridad y estabilidad de la región. Las autoridades mexicanas afirman que el flujo de armas ha exacerbado la crisis de violencia en su territorio.
Las compañías demandadas han apelado el caso ante la Corte Suprema, argumentando que existe una excepción a la ley de protección del comercio de armas que les ampara. Este conflicto legal se origina en una decisión de una corte de apelaciones que permitió reabrir el caso tras ser inicialmente desestimado.
Este asunto también se entrelaza con otras preocupaciones internacionales. En 2022, se desestimó en Boston una demanda similar que alegaba que las reclamaciones añaden un obstáculo a la legislación vigente, aprobada por el Congreso en 2005, que protege a los fabricantes de armas de litigios por daños relacionados con el uso indebido de sus productos.
Retos Judiciales y Declaraciones Mexicanas
La abogada mexicana Catherine Stetson enfatiza que los fabricantes y distribuidores de armas en EE.UU. están plenamente conscientes de su complicidad en la crisis de violencia que enfrenta México. Estas acciones reafirman la necesidad de medidas para frenar a los carteles de la droga, indicaron desde el gobierno mexicano.
Presión de Tarifas y Lucha Contra el Narcotráfico
El gobierno mexicano también enfrenta presión en relación con las tarifas del 25% sobre productos mexicanos que llegan a Estados Unidos. Esta situación ha generado un conflicto adicional que complica la cooperación en temas de narcotráfico y criminalidad.
Recientemente, el gobierno mexicano decidió enviar a juicio en EE.UU. a 29 narcotraficantes, además de incrementar el despliegue de fuerzas en la frontera. Esto llega en un contexto donde México registra más de 340,000 asesinatos y alrededor de 100,000 desaparecidos, muchos de los cuales se atribuyen a organizaciones criminales desde que se inició una controvertida estrategia antidrogas en 2006.
Asimismo, México ha presentado una segunda demanda en Arizona, un estado que, junto a Texas, es conocido por ser un punto de contrabando de armas hacia el país. Esta nueva acción legal se dirige contra cinco empresas acusadas de negligencia en la venta de armas.
