La Corte Suprema de Estados Unidos examinará, el martes 4 de marzo, una demanda que busca responsabilizar a varias empresas de armas, intentando combatirse el tráfico ilícito de estas hacia México.
El abogado Pablo Arrocha, miembro del Secretario de Relaciones Exteriores, ha indicado que esta controversia involucra a sociedades internacionales y el registro de litigios en el estado de Arizona.
El caso tiene su origen en 2021 en una corte federal en Boston, Massachusetts, donde el gobierno mexicano busca responsabilizar a los fabricantes de armas por su papel en el tráfico de éstas hacia su territorio.
Por otro lado, el litigio en la corte de Tucson, que involucra a cinco tiendas de armas, se encuentra en una nueva etapa de recolección de evidencia conocida como “Discovery”. Según Arrocha, esta etapa representa un avance positivo para el caso.
Un grupo de activistas, académicos y víctimas presentó un amicus curiae el pasado 20 de enero, donde argumentaron que las empresas demandadas —incluyendo Smith & Wesson, Barrett, Beretta y Glock— diseñan y comercializan armas que terminan en manos de grupos criminales en México.
John Lindsay Poland, miembro de la red binacional “Desarmando el Miedo”, comentó que las empresas saben que sus armas terminan en México y que, a pesar de las advertencias, no han tomado medidas adecuadas para prevenir el tráfico ilícito de sus productos.
La Corte Suprema podría escuchar el caso y sus decisiones previas han favorecido a la industria de armas, generando un entorno legal complicado para la búsqueda de justicia por parte del gobierno mexicano en este asunto.
