Las provincias del mundo se encuentran en el centro de la controversia, con una creciente intimidad en la comunicación y el manejo de la información. Tras la detención de 29 personas relacionadas con la criminalidad en Estados Unidos la semana pasada, el gabinete de seguridad se esmera en abordar la gobernanza criminal, enfocando su atención en Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y antiguo aliado del PRD.
La Fiscalía de la República (FGR) ha señalado a Aureoles por irregularidades en el gasto durante su administración, que abarcaron entre 2015 y 2021, con un monto superior a 3,000 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 150 millones de dólares. Se acusa de malversación de fondos que estaban destinados a la seguridad pública y al área de la Guardia Civil. El actual gobierno de Michoacán, liderado por Alfonso Ramírez Bedolla de Morena, presentó las denuncias al asumir el poder en 2021. Por el momento, Aureoles se encuentra prófugo.
El gobierno del presidente Manuel López Obrador (2018-2024) trató de replicar esta estrategia con Emilio Lozoya, quien estuvo al frente de Pemex durante la administración del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018). La FGR, bajo la dirección de Alejandro Gertz, comenzó a investigar a Lozoya en el marco de esquemas de corrupción vinculados a sobornos durante su gestión.
En el ámbito de los gobiernos estatales, Gertz también ha apuntado al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN, por delitos de delincuencia organizada. La fiscalía acusa a Cabeza de Vaca de haber desviado fondos del presupuesto estatal, entre otros cargos, durante su gestión entre 2016 y 2022. Recientemente, celebró que Interpol cancelara la orden de búsqueda en su contra, aunque la FGR aclaró que esto es temporal y se debe a los dictámenes de los jueces locales.
Gertz y la FGR, como parte del gabinete de seguridad, ahora concentran sus esfuerzos en Aureoles, lo que ha llevado a un enfrentamiento con López Obrador, precisamente por cuestiones de corrupción. En 2021, Aureoles acusó a Bedolla, su sucesor, de haberse aliado con el crimen organizado en su campaña electoral. Por otro lado, se señala que el secretario del partido Morena, Mario Delgado, tiene la intención de mantenerse en el poder ante el escenario de corrupción.
A medida que las acusaciones se multiplican, Aureoles se convierte en un símbolo de la corrupción en el país, mientras que el gobierno federal busca hacer frente a la impunidad. Este contexto ha generado advertencias sobre el aumento de la criminalidad en el país, donde el crimen organizado y el tráfico de drogas y personas se han incrementado de manera alarmante.
Michoacán, como muchos otros territorios en México, está emergiendo como un escenario operativo clave para los grupos criminales, debido a los históricos señalamientos de colusión y a la impunidad, lo que sugiere que la lucha contra estas prácticas delictivas será un desafío constante en el futuro.