El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha pronunciado sobre la deportación de 252 ciudadanos venezolanos por parte de Estados Unidos, afirmando que estos habían sido recluidos en un centro de detención de alta seguridad en el país
A través de un mensaje en redes sociales, Bukele aseguró que muchos de los deportados eran peligrosos y estaban implicados en actividades delictivas, mientras otros habían sido detenidos en múltiples ocasiones. En respuesta a esta situación, el mandatario también criticó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, señalándolo por tener presos políticos en su país.
Bukele propuso un acuerdo humanitario en el que se ofrecería la repatriación de los 252 venezolanos deportados a cambio de la liberación de un número igual de prisioneros políticos detenidos en Venezuela.
Respuesta de Venezuela
La respuesta del Ministerio Público de Venezuela fue contundente, acusando a Bukele de ser un exponente del neofascismo y de cometer violaciones graves a los derechos humanos, catalogando su acción como un crimen de lesa humanidad.
El ministro venezolano también solicitó al gobierno salvadoreño una lista de los deportados para conocer más sobre su situación, argumentando que el centro de detención no debería ser un lugar de tortura, sino un sitio para la rehabilitación de delincuentes.
Contexto internacional
Los 252 venezolanos deportados hacia El Salvador habían sido acogidos durante la administración de Donald Trump, quien autorizó su deportación bajo políticas de seguridad nacional. Se ha informado que Washington financia la Mantención de los deportados en El Salvador, lo que ha generado un contexto complicado para las relaciones entre los dos países en el ámbito de derechos humanos.
Recientemente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó la suspensión de la deportación de un grupo de presuntos pandilleros, lo que refleja la creciente preocupación sobre el trato hacia los inmigrantes y la aplicación de políticas restrictivas en el contexto de la seguridad nacional.
Las decisiones de deportación en este contexto han levantado un debate sobre la justicia y el respeto a los derechos humanos, enfatizando la necesidad de un enfoque humanitario en la gestión de la migración.
