Tercera protesta vecinal contra el viaducto de cuota SUBE-T en Otay
Habitantes de diversas colonias de la delegación Otay realizaron su tercera manifestación pacífica para rechazar la edificación del puente elevado de paga SUBE-T. Los inconformes denuncian que la obra provoca afectaciones directas en su entorno y, pese a haber solicitado repetidamente el diálogo con autoridades de los tres órdenes de gobierno, no han recibido ninguna respuesta formal por parte de las dependencias correspondientes.
Exigen mesa de trabajo y protección del entorno natural
La vecina Guadalupe Blañir, vocera del movimiento, señaló que el objetivo principal es romper la indiferencia institucional y forzar la instalación de una mesa de trabajo donde se analicen los argumentos técnicos y sociales de la comunidad. Entre las demandas prioritarias destaca la preservación de las áreas verdes, ya que el trazo actual del viaducto implicaría la tala de aproximadamente mil 600 árboles, lo que constituye un severo impacto ambiental para la demarcación.
Déficit de alumbrado y riesgos de inseguridad
Los colonos advierten que las labores preliminares han dejado sin servicio de alumbrado público el tramo que va del bulevar Limón Padilla hasta la garita internacional de Otay. Esta omisión mantiene en penumbras un corredor de alta afluencia estudiantil, utilizado diariamente por alumnos de secundarias y preparatorias cercanas. Además, la estructura del puente generaría espacios residuales propensos a convertirse en asentamientos irregulares y focos de inseguridad, incrementando la vulnerabilidad de los residentes.
Dudas sobre la viabilidad vial del proyecto
La efectividad del viaducto para resolver la congestión fronteriza es otro punto de controversia. Los manifestantes cuestionan si una vialidad de cuota logrará descongestionar el tráfico o simplemente desplazará los cuellos de botella hacia otras arterias de la ciudad, sin ofrecer una solución integral a la movilidad urbana.
Omisión oficial y falta de estudios ambientales
Los afectados entregaron un pliego petitorio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero fueron derivados a instancias estatales en Mexicali, donde tampoco obtuvieron atención. Las dependencias evaden su competencia argumentando que la responsabilidad recae en otro nivel de gobierno. Aunque la obra lleva cerca de dos meses detenida —presuntamente por amparos del sector gastronómico local—, la comunidad exige total transparencia antes de cualquier reactivación de los trabajos.
Documentación requerida para garantizar legalidad
Como condición para permitir el avance del proyecto, los residentes solicitan la entrega oficial de la manifestación de impacto ambiental, el estudio de factibilidad, la licencia ambiental municipal, la anuencia de construcción civil, los planos de trazo completos, las autorizaciones correspondientes y las medidas de mitigación comprometidas. Los vecinos advirtieron que mantendrán las movilizaciones en la zona de Otay hasta obtener la documentación y concretar una mesa resolutiva con las autoridades competentes.
