Denuncias de abuso y extorsión marcan el inicio del operativo “Unidos Por Tecate”
Testimonios recabados por ZETA revelan un patrón de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y extorsión por parte de elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y corporaciones federales durante los primeros días del despliegue interinstitucional. Jóvenes interceptados en la colonia Benito Juárez y sobre el bulevar Benítez relataron haber sido obligados a descender de sus vehículos, esposados, tirados al suelo y despojados de dinero en efectivo y dispositivos móviles bajo amenazas, sin que se les informara el motivo legal de su arresto ni se presentaran cargos formales; en un caso, la liberación condicionada al pago de 25 mil pesos gestionados ante el Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en El Descanso.
Respuesta institucional evade responsabilidad y víctimas temen represalias
Ante el cuestionamiento de la prensa local sobre los controles a la tropa, el secretario de Seguridad de Baja California, general Laureano Carrillo, limitó su respuesta a la profesionalización de los agentes y deslindó la legalidad de las aprehensiones hacia las fiscalías. El temor a represalias —advertencias de no ser liberados o ser recapturados si “hacían escándalo”— ha impedido que las víctimas formalicen quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos o Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), consolidando un clima de impunidad en las colonias periféricas.
Caso Agustín “N”: allanamiento violento y plantación de evidencia
La detención de Agustín “N”, de 51 años, el 2 de noviembre en la delegación Valle de las Palmas, ejemplifica las irregularidades. Mientras el Informe Policial Homologado (IPH) alega hallazgo de una escopeta y cartuchos en una funda de guitarra tras una “actitud evasiva” en vía pública, familiares y vecinos sostienen que agentes de la FESC ingresaron violentamente a su domicilio sin orden de cateo, sustrajeron el arma —propiedad del abuelo y no de uso exclusivo del Ejército— y mantuvieron al detenido incomunicado 48 horas hasta su liberación por falta de sustento legal, amedrentando a toda la familia.
Resultados operativos contrastan con la impunidad de cabecillas criminales
Pese al despliegue de 506 elementos de los tres órdenes de gobierno, los principales generadores de violencia en la región —desde la Laguna Hanson hasta la Nueva Colonia Hindú— permanecen en libertad. Figuras como Gerardo Olguín (asesino de la oficial Astrid), José Ángel Flores alias “El Siete”, Ricardo López alias “El Chicho” y Sergio Serrano, identificados como líderes operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no han sido aprehendidos, lo que lleva a la población a considerar que los filtros de revisión funcionan como retenes de extorsión y criminalización de la pobreza para inflar estadísticas.
Balance oficial oculta violaciones al debido proceso
El reporte del 4 de noviembre presumía 25 detenciones, pero omitió que la mayoría corresponde a “fallas administrativas” basadas en perfiles de sospecha subjetivos, violando el artículo 16 constitucional. La desconfianza al interior de la mesa interinstitucional es evidente: se recuerda el caso del hijo del tesorero municipal, Omar Blancarte, detenido en diciembre de 2025 y quien presumió protección de “El Siete”, lo que sugiere filtración de información y complicidad que debilita la estrategia de seguridad.
Sociedad civil exige intervención de Derechos Humanos y auditoría inmediata
Vecinos de colonias como Santa Anita, El Polvorín y Ampliación Descanso irrumpieron en la jornada “Miércoles Ciudadanos” para exigir a la Sindicatura Municipal y a las comisiones de derechos humanos supervisar de oficio la legalidad de las puestas a disposición. Reclamaron la ausencia del alcalde Román Cota Muñoz y cuestionaron a la síndico procuradora Saraí Osuna por priorizar aspiraciones políticas sobre la vigilancia policial, advirtiendo que la pacificación no puede construirse victimizando a la propia ciudadanía.
Sector empresarial y consejos ciudadanos piden reestructuración de la estrategia
El dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tecate, Carlos González Contreras, calificó de “tibia” la respuesta oficial ante la delincuencia y los abusos, advirtiendo que la paciencia del sector productivo se ha agotado. Por su parte, Juan Aldrete, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, demandó una reestructuración total de la estrategia para enfocar recursos en la captura de objetivos prioritarios y cesar la persecución contra la población civil, cerrando una semana de tensión institucional sin visos de corrección inmediata.
