Sheinbaum garantiza apoyo a damnificados de Baja California tras paso de tormenta Rachel
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que cerca de mil 500 viviendas resultaron dañadas en los municipios de Ensenada y San Quintín a causa de la tormenta tropical Rachel. Durante su conferencia matutina de este viernes, la mandataria federal aseguró que la asistencia para la entidad está garantizada y detalló la movilización inmediata de la Secretaría de Bienestar en coordinación con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Financiamiento sin Fonden: la respuesta federal ante la emergencia
Ante el cuestionamiento sobre el origen y monto de los recursos —considerando que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue eliminado en la administración anterior—, Sheinbaum Pardo explicó que los mecanismos de atención operan bajo nuevos esquemas presupuestales. Sin embargo, la falta de precisión pública sobre los montos específicos, los tipos de apoyo directo o los materiales para la reconstrucción genera incertidumbre en una población que requiere certidumbres inmediatas.
Zonas marginadas concentran el mayor índice de afectaciones
El censo de daños sigue en aumento y se concentra principalmente en el sur de Ensenada y norte de San Quintín, regiones que históricamente presentan los mayores rezagos sociales y carencias en el estado. El reto para la administración federal y el gobierno local no se limita al levantamiento de padrones, sino a evitar que este trámite burocrático se disocie de la entrega efectiva de soluciones habitacionales.
Operativo terrestre: Bienestar ya está en la zona de desastre
Conforme al anuncio presidencial, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, arribó a Baja California desde el jueves para supervisar de cerca la atención a los afectados. Su labor se desarrolla de la mano de la mandataria estatal para agilizar los trámites y asegurar que la ayuda llegue sin intermediarios a las comunidades más vulnerables.
Transportistas fronterizos enfrentan crisis por retención de visas
En un ámbito distinto pero crítico para la economía regional, el sector del autotransporte de carga denuncia una problemática creciente: más de 900 operadores en Tijuana tienen retenidas sus visas para cruzar a Estados Unidos. Esta situación, derivada de interpretaciones dispares de la normatividad migratoria y aduanera bajo la administración de Donald Trump, paraliza una fuerza laboral esencial para el comercio binacional.
Exigen certeza jurídica para operar en la frontera norte
Cuitláhuac Duarte Sígala, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate (Aaatyt), señaló que diariamente cruzan unos 5 mil camiones operados por más de un centenar de empresas. El gremio no se niega a cumplir la ley, pero exige reglas claras y estables para laborar con seguridad jurídica y evitar sanciones arbitrarias por prácticas que se mantenían en una “zona gris” administrativa.
Adaptación forzada ante normativas cambiantes
Los transportistas aseguran tener capacidad de adaptación rápida, pero advierten que la opacidad en la aplicación de las normas por parte de autoridades estadounidenses genera inseguridad. Cuando prácticas toleradas son repentinamente sancionadas sin previo aviso, los involucrados —que desconocían estar incumpliendo— pagan las consecuencias. La demanda central es, por tanto, transparencia regulatoria para sostener el flujo comercial fronterizo.
