Contrataciones millonarias a empresas sancionadas por la OFAC
La administración de Tecate, liderada por el alcalde Román Cota Muñoz, enfrenta un intenso escrutinio público tras revelarse la adjudicación de contratos por más de 280 millones de pesos a compañías recientemente sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Estas entidades son señaladas por formar parte de una red de lavado de dinero vinculada a Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa. Según testimonios recabados por ZETA, esta trama no solo infló costos, sino que habría financiado actos de corrupción al interior del Cabildo, entre funcionarios de primer nivel y empresarios locales.
Empresas designadas y servicios adjudicados
Entre las firmas incluidas en la lista negra estadounidense que recibieron recursos municipales destacan Inteliprof Efficient S. de R.L. de C.V., Festivales Artistas Mobiliario Asesoría S.A. de C.V., WiMAC Publate S.A. de C.V., Holistic Wallwes S. de R.L. de C.V. y Private Aquat S.A.P.I. Estas compañías proveyeron servicios de seguridad, asesoría tecnológica, organización de eventos masivos —como la Feria Tecate en Marcha 2025—, publicidad y mobiliario urbano, consolidando una relación contractual bajo la lupa internacional.
Vínculos directos con el círculo cercano del alcalde
Una figura central en esta red es Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, vinculado a empresas alertadas por la OFAC como Fama Producciones, Werkmak Publired, Galeana 40 y Holistic Wellwaves. Fuentes municipales lo identifican como “hombre de todas las confianzas” del presidente Cota, relación gestada a través del político y empresario Carlos Villela. Gómez Santelices habría financiado la campaña electoral del actual edil, proveyendo incluso un vehículo que utiliza la síndico procurador Saraí Osuna Arce, y mantiene una presencia constante en eventos oficiales y mesas de trabajo estratégicas, como el proyecto “Fondos Tecate” para el Cuerpo de Bomberos.
Presencia institucional y beneficios logísticos no comprobados
La integración de Gómez Santelices en la estructura gubernamental es formal: actuó como ponente oficial en conferencias de innovación financiera junto al equipo del alcalde y aparece en registros gráficos del Primer Informe de Gobierno de septiembre de 2025, codeándose con la gobernadora Marina del Pilar Ávila y legisladores federales. Extraoficialmente, funcionarios alegan que facilitó traslados en avión privado para el alcalde, la síndico y altos mandos hacia otros estados, aunque ZETA no localizó evidencia documental de estos vuelos.
Sobrecostos en modernización catastral y presuntos “moches”
Una denuncia documentada expone irregularidades en el contrato de “Servicio Integral de Modernización Catastral”, adjudicado a CHEGAR CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. La propuesta inicial de 57 millones de pesos se disparó a 84.1 millones en apenas una semana, incremento que testigos atribuyen al reparto de sobornos entre regidores, la síndico, el secretario del Ayuntamiento, el oficial mayor Omar Blancarte, el entonces tesorero y el propio alcalde. El documento contractual, signado por el oficial mayor y representantes de la empresa, detalla el monto inflado sin alterar los alcances técnicos.
Respuesta oficial y otras anomalías en compras y obra pública
Al confrontarlo, el alcalde Román Cota negó conocer solicitudes de dinero, argumentó que el contrato catastral no se ejecutó por deficiencias administrativas y calificó las acusaciones como “golpeteo político” carente de denuncias formales. Paralelamente, se detectaron sobrecostos en adquisición de equipo de cómputo —cotizado en tres millones pese a valer menos de uno según especialistas—, así como en obra pública, como el bacheo y el bulevar Santa Anita, cuyo precio de ocho millones supera en tres millones la estimación técnica real.
Exigencia de fiscalización a instancias superiores
La acumulación de contratos a empresas sancionadas por narcotráfico, la inflación sistemática de precios y los señalamientos directos sobre coacción al Cabildo han provocado que la sociedad civil exija una revisión exhaustiva. La demanda apunta a que el Congreso local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado intervengan con lupa para deslindar responsabilidades penales y administrativas en el manejo de los recursos públicos tecatenses.
