Periodistas exigen protección permanente para colega agredido en Tecate
Más de treinta comunicadores se movilizaron la mañana del miércoles 14 de octubre en el fraccionamiento Santa Anita, Tecate, para demandar medidas de seguridad definitivas y una investigación exhaustiva tras el asalto perpetrado contra el reportero Jorge Ismael Caro Romo, colaborador de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN). La protesta, que incluyó una caminata de más de un kilómetro y el simbólico sobrevuelo de cinco drones frente al domicilio del afectado, aludió directamente al motivo de la agresión: el enojo de un grupo armado por el uso de una aeronave no tripulada durante la cobertura de la tormenta tropical Rachel, la noche del sábado 10 de octubre.
Detalles del ataque y sustracción de equipo profesional
Un comando irrumpió en la vivienda del periodista para amenazarlo, agredirlo y robarle su teléfono móvil, un dron y equipo de cómputo. Este acto de intimidación obligó a Caro Romo a abandonar su hogar con el apoyo de su círculo cercano, convirtiéndose en un periodista desplazado por la delincuencia organizada dentro del propio estado de Baja California. La asociación civil Yo sí soy periodista denunció que, pese a la gravedad de los hechos, la respuesta institucional ha sido insuficiente para garantizar su integridad física y su derecho a ejercer la profesión.
Fallas en el mecanismo de protección y omisión de la FGR
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) activó un botón de pánico y proporcionó contactos de emergencia, se negó a otorgar custodia policial argumentando que la revisión de sus medidas no lo ameritaba. La situación se agravó cuando la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, se negó a recibir la denuncia correspondiente al delito federal de obstaculización del trabajo periodístico; la delegada Teófila González Lozada citó a la víctima para después del horario de comida, entre las 14:00 y las 17:00 horas, lo que Sonia de Anda, coordinadora de Yo sí soy periodista, calificó como una obstaculización inadmisible al acceso a la justicia.
Contexto de riesgo y antecedentes letales en Baja California
Sonia de Anda advirtió que la entidad se mantiene como una de las más peligrosas para la libertad de expresión, recordando los asesinatos del fotógrafo Margarito Martínez Esquivel y de la periodista Lourdes Maldonado en enero de 2022, esta última bajo resguardo del mecanismo de protección con botón de pánico. Estos precedentes evidencian la fragilidad de los protocolos actuales y la urgencia de reforzarlos para evitar que el caso de Caro Romo escale a una tragedia irreversible.
Paralelismo con desapariciones impunes en la región
La agresión al comunicador evoca la desaparición forzada del ingeniero Alonso Guerrero Chávez y su ayudante Rubén Ramírez Rojas, ocurrida el 27 de marzo de 2024 cerca del relleno sanitario El Jibarito. A pesar de la detención de tres presuntos responsables en Tijuana, el paradero de ambas víctimas sigue siendo desconocido, lo que refuerza la percepción de impunidad que impera en zonas donde el crimen organizado dicta los límites del trabajo informativo.
Solidaridad gremial frente a la indiferencia institucional
El gremio periodístico, respaldado por organizaciones civiles, mantiene la presión para que las autoridades federales y estatales coordinen una estrategia real de protección que trascienda la entrega de dispositivos de alerta. La exigencia central radica en garantizar el retorno seguro del reportero a su actividad profesional y su domicilio, así como en el castigo a los autores materiales e intelectuales del asalto, sentando un precedente de cero tolerancia contra la violencia hacia la prensa.
Llamado a la justicia federal y estatal
La omisión de la FGR para recibir la denuncia en tiempo y forma, sumada a la negativa del mecanismo estatal a escalar las medidas de custodia, configura un escenario de desprotección total. Los manifestantes instaron a las fiscalías a cumplir su mandato constitucional, investigar con perspectiva de libertad de expresión y proveer los recursos necesarios para que ningún comunicador tenga que “rascarse con sus propias uñas” ante la amenaza del crimen organizado.
