Denuncia por violencia política de género contra el gobernador y su esposa

La diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza Venecia, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana contra el gobernador Samuel García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú. La legisladora los acusa de presunta violencia política en razón de género y calumnia, derivado de la difusión de señalamientos que considera falsos sobre su trayectoria y manejo de recursos públicos.

Acusaciones de desvío de recursos: el núcleo del conflicto

El detonante de la acción legal radica en la reiterada afirmación de la pareja gubernamental sobre una supuesta inhabilitación de De la Garza por el desvío de 20 millones de pesos. La diputada calificó dicha versión como “absolutamente falsa” y una “mentira” que tanto el mandatario como la titular de Amar a Nuevo León conocen y utilizan intencionalmente para dañar su imagen política.

Patrón de ataques y exigencia de límites institucionales

De la Garza advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de una estrategia recurrente contra otras figuras políticas, especialmente mujeres. Exigió a las autoridades electorales y judiciales establecer un freno definitivo a estas prácticas, señalando que la violencia política de género no puede emplearse como “escudo” selectivo según la conveniencia de los denunciados.

Respaldo político y continuidad en el cargo

La legisladora priista subrayó que no enfrentará el proceso en solitario y ratificó su permanencia al frente de la Comisión de Presupuesto del Congreso local. Aseguró que mantendrá su labor legislativa y su postura crítica mientras las instancias correspondientes determinan la existencia de infracciones y las sanciones aplicables.

Antecedentes de confrontación política

La tensión escaló en septiembre de 2026, cuando el gobernador la tildó de “corrupta” e “inhabilitada”, responsabilizándola del freno presupuestal. Los roces se remontan a 2023, cuando De la Garza denunció una presunta extorsión al Congreso para obtener licencia y buscar la candidatura presidencial, y a 2024, al acusar intervención indebida para favorecer la campaña de Rodríguez Cantú a la alcaldía de Monterrey.

Reacción en redes y silencio oficial

Al cierre de la edición, ni el gobernador ni su esposa han emitido un pronunciamiento formal sobre la denuncia. Sin embargo, Mariana Rodríguez publicó en sus historias de Instagram la frase “Mentiras nadie dijo” sobre fondo negro con un emoji de risa, publicación que usuarios y medios interpretaron como una respuesta indirecta a los señalamientos de la diputada.

Próximos pasos procesales

La resolución del caso recae ahora en la Fiscalía General del Estado y en las autoridades electorales neoleonesas. De la Garza vinculó el origen de la supuesta sanción administrativa con un expediente de 2017, insistiendo en la falta de sustento legal para las imputaciones actuales y reafirmando su compromiso de no separarse de sus funciones legislativas durante el desarrollo de las investigaciones.

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