Estados Unidos impone sanciones a 21 personas y 25 entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este martes un nuevo paquete de medidas restrictivas contra 21 individuos y 25 entidades identificadas como parte de la estructura financiera, operativa y de corrupción del Cártel de Sinaloa. Según los señalamientos de Washington, esta red criminal habría logrado infiltrar esferas políticas y de seguridad en Baja California, alcanzando a funcionarios de alto nivel para garantizar la protección de sus actividades ilícitas.
Exesposo de la gobernadora de Baja California entre los principales señalados
Entre los sancionados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos. Las autoridades estadounidenses alegan que estos personajes habrían recibido sobornos a cambio de brindar resguardo a las operaciones del grupo delictivo. Estas acusaciones forman la base argumental utilizada para justificar las designaciones bajo la Ley Kingpin.
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, objetivo prioritario de la ofensiva
El paquete incluye a Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, identificado por la inteligencia estadounidense como uno de los líderes de la facción conocida como Los Mayos. Su inclusión lo coloca como una meta central en la estrategia para desarticular el mando operativo del cártel. Las medidas buscan asfixiar los mecanismos utilizados para el tráfico de drogas, el lavado de activos, la generación de violencia y las redes de corrupción que sostienen a la organización.
Baja California: epicentro de la estructura política y financiera del cártel
La ofensiva pone especial énfasis en Tijuana y Mexicali, ciudades señaladas como nodos clave para los operadores financieros y logísticos del grupo criminal. De acuerdo con los reportes oficiales, la presunta red de complicidad se extendería hacia estructuras gubernamentales y policiales locales, facilitando la impunidad de las actividades delictivas en la entidad fronteriza.
Recompensas de hasta 5 millones de dólares por tres jefes regionales
En paralelo, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de tres líderes regionales: Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y Rene Arzate García (“La Rana”), señalados como jefes de plaza en Tijuana, y Juan José Ponce Félix (“El Ruso”), identificado como líder en Mexicali. Este último ya había sido objeto de sanciones previas por parte del Tesoro estadounidense.
Fentanilo, violencia y corrupción: ejes de la estrategia estadounidense
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que el objetivo es golpear la infraestructura operativa y política que sostiene al Cártel de Sinaloa en México. La estrategia prioriza la interrupción de las rutas de tráfico de fentanilo y el desmantelamiento de los esquemas de lavado de dinero y corrupción institucional que permiten la continuidad de las operaciones criminales. La organización permanece designada bajo los mecanismos estadounidenses de combate al terrorismo y al narcotráfico internacional.
La administración Trump intensifica la presión bilateral contra el narcotráfico
Esta nueva ronda de sanciones se enmarca en un contexto de mayor presión de la administración de Donald Trump hacia México para combatir a los grupos criminales transnacionales y el flujo de opioides sintéticos. Con estas acciones, Washington amplía el alcance de sus medidas: ya no solo persigue a los integrantes directos del cártel, sino que ataca a la red de apoyo conformada por personas físicas, morales y estructuras políticas que facilitan su expansión y blindaje.
