Estados Unidos sanciona a 21 personas y 25 entidades del Cártel de Sinaloa
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes un amplio paquete de sanciones dirigido contra 21 individuos y 25 entidades vinculadas a las estructuras financieras, operativas y de corrupción del Cártel de Sinaloa. Según los señalamientos de las autoridades estadounidenses, esta presunta red criminal habría infiltrado esferas políticas y de seguridad en el estado de Baja California, alcanzando a funcionarios de alto nivel.
Exesposo de la gobernadora y exmandos policiales entre los señalados
Entre los principales sancionados destaca Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La lista incluye además a un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y otros operadores políticos, a quienes Washington acusa de haber recibido sobornos a cambio de brindar protección a las actividades ilícitas de la organización. Cabe precisar que se trata de imputaciones formuladas por las autoridades de EE. UU. como fundamento para justificar las medidas restrictivas.
“Mayito Flaco”, objetivo central de la operación
Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco” e identificado como uno de los líderes de la facción de Los Mayos, figura como uno de los blancos prioritarios de esta ofensiva. El Departamento del Tesoro sostiene que las sanciones buscan desarticular la infraestructura utilizada por el grupo para el tráfico de drogas, el lavado de dinero, la generación de violencia y la corrupción sistémica, en línea con una estrategia que ya había impactado anteriormente a redes financieras y miembros de este cártel.
Baja California, epicentro de la nueva ofensiva
La acción punitiva pone especial énfasis en los municipios de Tijuana y Mexicali, donde EE. UU. detecta la operación de redes financieras y operativas del cártel. De acuerdo con la narrativa estadounidense, la estructura delictiva habría logrado permear estructuras políticas y de seguridad locales, consolidando a la entidad fronteriza como un foco crítico para sus intereses.
Recompensas de hasta 5 millones de dólares por tres jefes regionales
En paralelo, el Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura o condena de tres presuntos líderes regionales: Alfonso Arzate García (“Aquiles”) y René Arzate García (“La Rana”), señalados como jefes de plaza en Tijuana, y Juan José Ponce Félix (“El Ruso”), identificado como líder en Mexicali. Este último ya había sido incluido en acciones previas del Departamento del Tesoro contra la organización.
Fentanilo, violencia y corrupción: ejes de la estrategia estadounidense
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el objetivo es golpear la infraestructura operativa y política del Cártel de Sinaloa en México. La estrategia prioriza la interrupción de las rutas de tráfico de fentanilo y el desmantelamiento de los mecanismos financieros y de corrupción que sustentan la operatividad criminal, recordando que Washington mantiene a esta organización designada bajo sus mecanismos de combate al terrorismo y al narcotráfico.
Contexto de máxima presión de la administración Trump
Esta nueva ronda de sanciones se enmarca en una escalada de presión por parte de la administración de Donald Trump hacia México para combatir a los grupos criminales transnacionales y el flujo de fentanilo. Con este paquete, Washington amplía el espectro de sus medidas: ya no solo persigue a presuntos integrantes directos, sino también a personas, empresas y redes consideradas parte fundamental de la estructura de apoyo financiero, operativo y político del cártel.
