Incremento alarmante en tasas de criminalidad y victimización en Baja California
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Baja California experimentó durante 2025 un repunte significativo en la incidencia delictiva. La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes escaló un 19.4 %, pasando de 25,425 en 2024 a 30,366 el año pasado, lo que equivale a 4,941 ilícitos adicionales. Paralelamente, la tasa de víctimas creció un 11.9 %, ascendiendo de 20,647 a 23,095 por cada 100 mil habitantes, lo que representa un aumento absoluto de 2,448 personas afectadas.
Percepción de inseguridad y entorno delictivo local
El panorama cualitativo refleja una ciudadanía preocupada: el 71.2 % de la población bajacaliforniana manifestó sentirse insegura viviendo en su entidad. No obstante, el 43.2 % indicó sentirse seguro al caminar solo por la noche en las inmediaciones de su domicilio, lo que sugiere una disparidad entre la percepción general del estado y la confianza en el entorno inmediato. Además, la entidad se ubicó entre las 27 donde el fraude se consolidó como el delito más frecuente, desplazando a otros ilícitos tradicionales en la estadística local.
Contexto nacional: estabilidad en la victimización hogareña
A nivel nacional, el INEGI estimó que en 11.7 millones de hogares (28.5 % del total) al menos un integrante fue víctima de algún delito durante 2025, porcentaje estadísticamente similar al 29 % registrado en 2024. En términos poblacionales, 23 millones de personas mayores de 18 años sufrieron un ilícito, lo que se traduce en una tasa de 23,473 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra ligeramente inferior a las 24,135 del año anterior, evidenciando una leve contención en la prevalencia delictiva total.
Disparidades por sexo y variaciones estatales en prevalencia
El análisis por género revela que la prevalencia fue mayor en hombres (24,555) que en mujeres (22,539) por cada 100 mil habitantes. Geográficamente, la situación fue heterogénea: la tasa descendió en 10 estados, subió en cinco y se mantuvo sin cambios en 17. Las entidades que superaron la media nacional fueron encabezadas por Ciudad de México (34,930), Estado de México (31,889) y Puebla (26,164), mientras que Chiapas (13,462), Veracruz (14,171) y Zacatecas (15,733) reportaron las tasas más bajas, patrón que se repite al desglosar por sexo.
Incidencia delictiva nacional: concentración en el centro del país
El volumen total de ilícitos se estimó en 33.8 millones, generando una tasa nacional de 34,442 delitos por cada 100 mil habitantes y un promedio de 1.5 delitos por víctima, cifras casi idénticas a 2024. La incidencia disminuyó en seis entidades, aumentó en ocho y no varió en 18. La concentración más alta se observó nuevamente en el centro: Ciudad de México (68,154), Puebla (41,876) y Estado de México (40,915), frente a Chiapas (17,728), Coahuila (19,835) y Zacatecas (21,862) como las menos afectadas.
Diferenciación por tipo de delito y género de la víctima
El reporte destaca que, en la mayoría de los delitos que impactan directamente a la persona —y no al patrimonio colectivo o del hogar—, la incidencia fue superior en hombres. La excepción crítica radica en los delitos sexuales, donde la vulnerabilidad recae abrumadoramente en las mujeres, con una tasa de 3,365 casos por cada 100 mil (inferior a los 4,160 de 2024), frente a apenas 341 en hombres; es decir, se registraron diez delitos sexuales contra mujeres por cada uno contra hombres.
Conclusiones estadísticas para la política pública
Los datos de la ENVIPE 2026 dibujan un mapa de contrastes: mientras la victimización total muestra signos de estabilización a nivel nacional, entidades como Baja California enfrentan crecimientos de doble dígito que exigen atención focalizada. La persistencia del fraude como delito predominante en múltiples estados y la brecha de género extrema en violencia sexual configuran prioridades ineludibles para el diseño de estrategias de seguridad y procuración de justicia diferenciadas por territorio y población objetivo.
