Conflicto penal por el parque de Ampliación Moderna en Ensenada
La disputa por el parque de la colonia Ampliación Moderna escaló a la vía penal en Ensenada, donde tres personas vinculadas a la defensa de este espacio comunitario enfrentan un proceso por el delito de despojo. La audiencia inicial, programada para el 17 de agosto, se diferió por segunda ocasión porque el defensor público asignado a dos de los imputados no contaba con la carpeta de investigación para ejercer su representación legal.
Defensa cuestiona solidez de las pruebas presentadas
El representante legal de los activistas considera que los datos de prueba aportados hasta el momento resultan insuficientes para lograr una vinculación a proceso. Para los defensores del predio, el origen del conflicto radica en omisiones institucionales acumuladas durante décadas; Dina, una de las denunciadas, señaló que si el gobierno hubiera resuelto el problema de fondo desde un inicio, no estarían enfrentando cargos por proteger un bien que pertenece a la comunidad.
Vecinos acreditan destino original del predio como área verde
Carlos, activista involucrado en la causa, sostuvo que el proyecto de la colonia Ampliación Moderna fue revisado y aprobado por el Gobierno del Estado en 1958, publicado en el Periódico Oficial e inscrito ante el Registro Público de la Propiedad con destino a parque infantil. Durante la manifestación, los vecinos exhibieron material publicitario de la época donde se promovían áreas recreativas, aunque denunciaron la desaparición de la escritura de donación, planos y memorias descriptivas de la notaría, del Archivo General de Notarías y del propio Registro Público.
Activista vinculado al proceso tras promover amparos
Los defensores también cuestionaron la admisión de un procedimiento civil sobre prescripción adquisitiva del terreno, al considerar que se trata de un espacio con destino público inalienable. Carlos reveló que fue incluido en la carpeta de investigación después de promover dos demandas de amparo y obtener una suspensión que frenó los trabajos en el predio, lo que a su juicio evidencia una criminalización de la legítima defensa territorial.
Manifestantes invocan marco normativo y Acuerdo de Escazú
Durante la protesta, los vecinos argumentaron que diversas disposiciones estatales protegen los espacios destinados al uso público y citaron el Acuerdo de Escazú en relación con la protección de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. «No queremos apropiarnos del espacio, lo que queremos es que los parques no se toquen», expresó uno de los manifestantes, resumiendo la postura comunitaria.
Próxima audiencia y continuidad del litigio
La siguiente audiencia quedó programada para el 9 de septiembre, mientras persiste el conflicto jurídico por la titularidad y condición del predio como espacio de uso comunitario. El caso expone la tensión entre intereses particulares y el derecho colectivo a áreas verdes en zonas urbanas consolidadas.
