Empresas portuarias se deslindan de Ricardo Thompson Navarro para salir de la Lista de Personas Bloqueadas
Cuatro juicios de amparo tramitados ante un juzgado de distrito en Baja California buscan separar legalmente a diversas compañías portuarias de Ensenada del empresario Ricardo Thompson Navarro, actualmente procesado por delitos de contrabando de combustible —conocido como huachicol fiscal— y delincuencia organizada. La estrategia legal pretende frenar las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y lograr la exclusión de estas sociedades de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Servicios Portuarios y Dragados y Puertos encabezan las demandas
La primera promoción corresponde a Servicios Portuarios S.A. de C.V., fundada en 1993 por Thompson Navarro, y la segunda a Dragados y Puertos S.R.L. de C.V., creada en 2008 junto a su padre, Ricardo Thompson Ramírez. En ambos escritos se sostiene idéntico argumento: el imputado “actualmente no tiene ninguna relación corporativa con la empresa”, por lo que el bloqueo de cuentas y activos resulta improcedente y dañino para su operación ordinaria.
Autoridades señaladas y actos reclamados en los amparos
Los recursos legales reclaman actos de la UIF por la inclusión en la LPB, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por instruir el bloqueo automatizado en instituciones crediticias, y de la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible solicitud de aseguramiento de activos derivados de carpetas de investigación contra Thompson Navarro. Asimismo, se demanda a Banco BanBajío y Banco Bancomer BBVA por la ejecución material del bloqueo de cuentas, exigiendo la reparación de daños y perjuicios ocasionados.
Dos promociones adicionales mantienen el mismo patrón jurídico
Un tercer amparo fue interpuesto por Felipe Hernández Rodríguez en representación de otra entidad portuaria no identificada públicamente, replicando los mismos argumentos y autoridades responsables. Un cuarto juicio permanece en trámite pendiente de que los promoventes acrediten su personalidad jurídica; en este caso particular, la firma sí reconoce a Thompson Navarro como socio, aunque minimiza su participación frente a los señalamientos de la FGR.
El caso Ingemar y la red de huachicol fiscal
Thompson Navarro figura entre los nueve imputados por la FGR por su presunta participación en una red de huachicol fiscal encabezada por el exgobernador Ernesto Ruffo Appel a través de Ingemar S.A. de C.V. Esta compañía, constituida en 2018 y ampliada al sector hidrocarburos, es señalada de introducir ilegalmente millones de litros de gasolina y diésel desde Texas, utilizando permisos alterados y un entramado de más de 11 empresas para dispersar recursos ilícitos, causando afectaciones millonarias al erario público.
Situación procesal y medidas cautelares impostas
El pasado 23 de julio de 2026, una Jueza Especializada en Almoloya de Juárez vinculó a proceso a Thompson Navarro, Ruffo Appel y otros seis implicados, imponiendo prisión preventiva oficiosa a la mayoría: los varones en el Cefereso No. 1 “Altiplano” y las mujeres en el Centro de Reinserción Femenil de Nezahualcóyotl. Recientemente, también se inició proceso contra Guadalupe Hernández Hinojosa, apoderada legal de Ingemar, bajo la causa penal 253/2026.
Traslado y nueva estrategia de defensa en Saltillo
Sorpresivamente, Thompson Navarro fue reubicado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 18 CPS en Ramos Arizpe, Coahuila. Desde allí, su defensa presentó un amparo contra la prisión preventiva ante el Juzgado Quinto de Distrito en Saltillo, el cual declinó competencia en favor de un juzgador federal del Estado de México. Actualmente, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Edomex se tramitan dos amparos: uno contra el auto de vinculación —que ya obtuvo suspensión para detener el procedimiento tras la etapa intermedia— y otro contra la medida cautelar de prisión.
