Renombramiento simbólico frente a recortes presupuestales
Con motivo del Día Internacional de las Comunidades Originarias, la mandataria federal ordenó rebautizar el histórico Paso de Cortés —sitio donde el conquistador divisó por primera vez Tenochtitlan— como Paso de los Pueblos Indígenas. La medida busca honrar la memoria de las civilizaciones que transitaron esa ruta antes de la llegada española, enmarcándose en un discurso oficial de reivindicación histórica y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios como sujetos de pleno derecho.
La contradicción entre el gesto y la realidad hacendaria
Sin embargo, la decisión contrasta severamente con la política presupuestal vigente. Según el último reporte trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto aprobado para el desarrollo de estas comunidades sufrió una reducción cercana a los tres mil millones de pesos. Mientras el gobierno federal impulsa cambios nominales, los datos del INEGI confirman que las poblaciones indígenas continúan registrando los mayores rezagos nacionales en infraestructura básica, evidenciando una brecha abismal entre la retórica simbólica y la asignación de recursos reales.
Ejercicio patrimonialista del poder público
La gestión actual muestra una deriva hacia el uso patrimonialista de los recursos públicos. La presidenta actúa como propietaria del erario: decide unilateralmente modificaciones en la toponimia oficial y dispone del dinero de los contribuyentes como si fuera propio, ejemplificado en la entrega directa de apoyos —como los 2,500 pesos del programa de útiles y uniformes— presentados como un obsequio personal (“ya cayó el dinerito”) y no como un derecho social instituido.
Publicidad oficial como instrumento de control mediático
La desviación de fondos públicos alcanza su mayor gravedad en la distribución de publicidad oficial. En una conferencia matutina, la titular del Ejecutivo admitió abiertamente que la asignación de recursos a medios de comunicación no sigue criterios técnicos de audiencia ni transparencia, sino la línea editorial: “no les damos chayote” a quienes critican al gobierno. Confirmó la exclusión deliberada de outlets como TV Azteca, Reforma y EL UNIVERSAL, pese a sus altas audiencias, bajo el argumento de que “no nos quieren”, violando el mandato legal de imparcialidad y verificabilidad en el gasto de comunicación social.
Un precedente autoritario: “No pago para que me peguen”
Esta práctica retrotrae a los momentos más oscuros de la relación prensa-poder, evocando la frase de José López Portillo hace casi medio siglo. La actual administración replica esa lógica de castigo financiero a la crítica independiente, revelando un talante antidemocrático incompatible con el Estado de derecho. La publicidad oficial, pagada con impuestos de toda la ciudadanía, se convierte así en herramienta de premiación a la obsecuencia y asfixia económica a la disidencia.
Regulación de contenidos y amenaza a la libertad de expresión
El escenario se agrava con los lineamientos generales para la protección de las audiencias, recientemente debatidos. Estos abren la puerta a que un órgano regulador, integrado por perfiles afines al gobierno, determine la veracidad de la información y decida qué puede publicarse. Lejos de proteger derechos, la norma facilita la censura previa y la estigmatización del periodismo crítico bajo etiquetas subjetivas de “falso” o “fuera de contexto”.
La consolidación de un modelo de poder personalista
En conjunto, el cambio de nombre de un paso de montaña, el recorte a pueblos originarios, el manejo discrecional del presupuesto, el chantaje publicitario a medios y el intento de regular el discurso público configuran un patrón claro. A casi dos años de gestión, la jefa del Ejecutivo gobierna como dueña de México, subordinando las instituciones y el erario a su proyecto personal, desplazando la legalidad y la rendición de cuentas en favor de una concentración de poder sin contrapesos efectivos.
