Descoordinación institucional y adeudo millonario en Ensenada
La relación entre el Ayuntamiento de Ensenada y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe) vuelve a tensionarse por un intercambio de cifras sobre la deuda municipal por concepto de agua. La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz cifra el pasivo en aproximadamente 49 millones de pesos y argumenta que las obras ejecutadas por el municipio deberían abonarse a ese saldo. En contraste, el director del organismo, Alonso Centeno Hernández, presenta documentación que eleva la cifra a 80 millones de pesos y aclara que las inversiones provenientes del Ramo 33 no son legalmente procedentes como forma de pago.
El fondo del conflicto: ausencia de diálogo oportuno
Más allá de la discrepancia contable, el núcleo del problema radica en la deficiente comunicación entre ambas instancias. Centeno Hernández reveló que transcurrieron casi 20 meses antes de concretar una primera reunión de trabajo con la presidenta municipal, un retraso inaceptable para dos organismos obligados a operar de forma coordinada. Esta inacción posiciona a Ensenada como el municipio con el mayor adeudo hacia la paraestatal, generando un desequilibrio financiero y un mensaje contradictorio sobre la responsabilidad fiscal de la propia autoridad local.
Urge una relación institucional basada en la transparencia
La divergencia numérica entre la Alcaldía y la dirección de la Cespe es técnicamente subsanable mediante la revisión de estados de cuenta y contratos. No obstante, la prioridad estratégica debe ser la construcción de un vínculo institucional que anteponga la coordinación operativa a la confrontación pública, garantizando así la gestión eficiente del recurso hídrico.
Tijuana: el suministro de agua como costo empresarial obligatorio
En el plano regional, la crisis hídrica en Tijuana ha dejado de ser una contingencia esporádica para convertirse en un factor estructural que erosiona la competitividad del sector productivo. Los cortes recientes, aún vigentes en diversas zonas, obligan a las empresas a destinar capital para blindarse ante la incertidumbre del servicio, transformando la provisión de agua en un costo operativo fijo que no debería existir en condiciones normales.
La incertidumbre informativa paraliza la planeación productiva
La presidenta de Coparmex Tijuana, Elisa Ibáñez Aldana, subrayó que el daño mayor no es solo la falta de líquido, sino la ausencia de información oportuna. Cuando las interrupciones no son programadas ni existe certeza sobre la restitución del servicio, resulta imposible reorganizar turnos de producción, atender clientes o planificar logística. Para la industria, la hotelería y la restauración, cada hora de incertidumbre se traduce directamente en pérdidas económicas.
Inversión defensiva: pipas e infraestructura propia como nueva normalidad
Ante la volatilidad del suministro, el sector empresarial ha reaccionado invirtiendo en infraestructura propia de almacenamiento y en la contratación de pipas privadas. Estas medidas, que representan un sobrecosto significativo, han pasado de ser soluciones de emergencia a estrategias de supervivencia indispensables para garantizar la continuidad operativa.
Recuperar la confianza: asignatura pendiente para el organismo operador
Aunque Ibáñez Aldana reconoció una mejora en la comunicación por parte de la Cespt durante la última contingencia, el hecho de que las empresas deban autogestionarse el abasto revela una pérdida de confianza estructural en la estabilidad del servicio público. La prevención ya no es opcional; es una obligación impuesta por la unreliability del sistema, lo que exige una reingeniería profunda en la gestión y comunicación del organismo operador.
