Redistribución de 120 elementos estatales tras reforma legal en Baja California
El secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Laureano Carrillo Rodríguez, informó durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda en Mexicali que un contingente de 120 agentes de la Fuerza Estatal (FESC) se encuentra asignado a tareas de escolta y protección privada. Este personal se distribuye en tres vertientes principales: seguridad para empresarios bajo esquema de pago, resguardo de funcionarios públicos de elección popular y custodia derivada de mandatos judiciales o medidas cautelares.
Retiro inminente de escoltas para sector privado por mandato federal
Carrillo Rodríguez detalló que 43 elementos destinados a la protección de particulares y traslado de valores serán reincorporados a labores operativas a partir del 1 de agosto. La determinación obedece a la reciente reforma al artículo 34 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual prohíbe expresamente el uso de armamento de licencia oficial colectiva en actividades de carácter privado, limitando su empleo exclusivamente a funciones de seguridad pública.
Revisión de dispositivos para servidores públicos electos
En cuanto a los 38 agentes asignados a políticos y funcionarios de elección popular, el titular de la SSCBC señaló que se realizará una evaluación caso por caso. La asignación de personal dependerá del nivel de riesgo real que enfrenten los servidores públicos en función de sus actividades, aplicando criterios legales estrictos para determinar la procedencia y el número de escoltas necesarios.
Mantenimiento de medidas cautelares por orden judicial
El tercer rubro, integrado por el personal restante, continuará activo al responder a obligaciones constitucionales derivadas de mandamientos judiciales. El secretario enfatizó que la Fuerza Estatal mantiene la responsabilidad de garantizar la integridad de personas sujetas a medidas cautelares, independientemente de los ajustes administrativos en las otras dos categorías.
Gobernadora confirma reordenamiento y análisis de riesgo individualizado
Marina del Pilar Ávila Olmeda respaldó la reestructuración y confirmó que ya se ha solicitado el retorno de varios escoltas a sus funciones ordinarias dentro de la corporación. La mandataria precisó que la SSCBC será la única instancia facultada para autorizar protección mediante un análisis de riesgo particularizado, criterio que aplicará para diputados, regidores y demás solicitantes.
Marco normativo sustenta la desmilitarización de la seguridad privada
La reforma legal citada establece taxativamente en su artículo 34 Bis que el armamento y municiones de licencias colectivas son de uso exclusivo para funciones oficiales. Esta disposición jurídica cierra la puerta a la prestación de servicios de custodia de bienes, valores o personas físicas por parte de elementos estatales, obligando a la entidad a redirigir sus recursos humanos hacia la operatividad policial directa.
Impacto operativo y fortalecimiento de la vigilancia estatal
La reasignación de los 43 agentes liberados del sector privado, sumada a la optimización de los dispositivos para funcionarios, busca robustecer la presencia policial en las calles. La estrategia gubernamental prioriza el uso de la fuerza pública en tareas de prevención y combate a la delincuencia, supeditando la protección individual a evaluaciones técnicas de peligro inminente y no a criterios discrecionales o económicos.
