Reforma al gasto público
La Cámara de Diputados de México aprobó una modificación constitucional que busca reducir los gastos de las autoridades electorales, congresos locales y municipios. Sin embargo, se excluyó una propuesta polémica impulsada por la mandataria Claudia Sheinbaum, que buscaba adelantar la revocación de mandato presidencial.
Proceso de debate
Después de un extenso debate que duró más de doce horas, el partido en el poder, Morena, junto a sus aliados, logró sin mayores inconvenientes la aprobación de la iniciativa conocida como “Plan B”. La votación final fue de 343 a favor, 124 en contra y una abstención. Esta modificación debe ser ratificada por la mayoría de los 32 congresos estatales para su promulgación y aplicación.
Detalles de la reforma
La reforma estipula que los congresos locales no podrán gastar más del 0.7% de los presupuestos estatales. Asimismo, se limitarán las regidurías en los ayuntamientos a un máximo de 15, se ajustarán los salarios de los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los tribunales electorales y organismos locales, asegurando que nadie gane más que la presidenta. Además, el Senado deberá reducir su gasto en un 15% en un lapso de cuatro años.
Perspectivas de la reforma
A pesar de que desde el oficialismo se considera esta reforma un avance hacia la “austeridad” y la reducción de privilegios, analistas advierten que estos cambios no abordarán problemas fundamentales en el ámbito electoral, como el control del financiamiento de los partidos ni la violencia política. En el último año, la violencia política dejó un saldo trágico de 284 funcionarios y políticos asesinados, según la organización Data Cívica, que investiga estos temas desde hace ocho años.
Antecedentes de la iniciativa
La aprobación de la iniciativa surge después de un prolongado proceso que comenzó en agosto de 2025, cuando la mandataria estableció una comisión presidencial para impulsar una ambiciosa reforma electoral. En marzo, Sheinbaum presentó un primer proyecto que incluía recortes al financiamiento público de los partidos y diversas modificaciones en el proceso electoral. Sin embargo, la propuesta no avanzó debido a la falta de apoyo de los partidos del Trabajo y Verde Ecológico de México.
Cambios en la propuesta
Después de enfrentar este obstáculo, la mandataria modificó su propuesta y envió el “Plan B” al Congreso en marzo. A pesar de que la nueva propuesta no abordaba temas controversiales como el financiamiento de partidos y las diputaciones plurinominales, también encontró resistencia, especialmente en el Partido del Trabajo, que presionó para excluir la propuesta de adelantar la revocatoria presidencial al junio de 2027. Según la Constitución, esta consulta debe llevarse a cabo a la mitad del período, es decir, en octubre del próximo año.
Vacíos en la reforma
Sobre el efecto esperado de la reforma, Daniela Arias, coordinadora del centro de pensamiento Laboratorio Electora, expresó que aún no se tiene claridad sobre cómo los recortes de gastos influirán, dado que no existe un “diagnóstico claro” que explique por qué se considera que el gasto en municipios es un desperdicio. Además, calificó la reforma como una “oportunidad perdida”, ya que no aborda problemas críticos como la violencia electoral o el uso de inteligencia artificial en las campañas. “Se presenta como una reforma electoral, pero en gran medida es una reforma administrativa”, concluyó.
